Donald Trump, presidente de los EE.UU., en un encuentro del Escudo de las Américas
EE.UU. rechaza la propuesta de Trump e impide retirar los tratamientos hormonales a presos trans
Una vez más, como ya pasó con el fallo del Roe vs. Wade, los jueces conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito apoyaron la petición de la Administración del mangante
Esta propuesta puede parecer repetitiva, pero no lo es. Desde 2024, la retirada de tratamientos hormonales varios grupos transgénero ha estado muy presente. Una de ellas llegó cuando Donald Trump anunció restricciones a la financiación federal de las cirugías de afirmación de género y los tratamientos hormonales para menores. Ahora, el Tribunal Supremo ha vuelto a frenar los planes de su Administración al impedir que se retiren estos tratamientos a los presos transgénero de las cárceles federales, como ya ocurrió con las restricciones impuestas a los militares.
Este bloqueo comenzó por el juez federal Royce Lamberth, del distrito de Columbia, quien consideró –una vez más– que el Ejecutivo no había justificado adecuadamente el cambio de política y que retirar, de forma generalizada, estos tratamientos podría perjudicar a presos a quienes los propios médicos penitenciarios se los habían prescrito. Por ello, el Supremo decidió mantener en vigor la sentencia del tribunal inferior y rechazar, por el momento mientras se estudia, la petición del presidente de EE.UU.
Una vez más, como ya pasó con el fallo del Roe vs. Wade, los jueces conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito apoyaron la petición de la Administración de Trump. Por ello, y tal y como reza la orden judicial, «la solicitud de suspensión presentada ante el presidente del Tribunal Supremo, y remitida por este al Tribunal, queda denegada».
Mientras este litigio continúa, el caso de Kingdom vs. Trump, demanda colectiva presentada en el país por tres presos transgénero contra la Administración de Trump y la Oficina Federal de Prisiones, continua. Esta solicitud representa los intereses de cerca de 1.000 reclusos con un diagnóstico de disforia de género, defendidos por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que calcula que cerca de 800 de ellos tienen prescrita su terapia hormonal.
Los demandantes sostienen que esta política «vulnera sus derechos constitucionales» y que retirarles la atención médica que tienen prescrita puede perjudicar «gravemente su salud». La demanda representa también los intereses de otros presos transgénero de las cárceles federales. Por su parte, Lamberth calificó de «arbitrarias y caprichosas» las normas fijadas por la Oficina Federal de Prisiones (BOP) en respuesta a la orden ejecutiva de Trump del pasado 2025, primera vez que trató de bloquear las órdenes de la Casa Blanca.