La ministra de Igualdad y cabeza de lista del PSOE al Congreso por Valladolid, Ana Redondo
Igualdad gasta 47.000 euros en un estudio sobre las personas LGTBI en situación de sinhogarismo
El valor estimado publicado en el proceso de adjudicación para la realización del estudio fue de 57.851 euros
La Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres ha contratado la realización de un estudio sobre las personas LGTBI en situación de sinhogarismo en España, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El objetivo del informe, que tendrá un coste de 47.115 euros, es conocer causas, alcance y consecuencias, así como sobre las experiencias de discriminación y victimización que sufren las personas de este colectivo.
El estudio será realizado por Red2red Consultores, empresa seleccionada entre las 13 ofertas presentadas, 11 de ellas por pequeñas y medianas empresas. El valor estimado publicado en el proceso de adjudicación para la realización del estudio fue de 57.851 euros.
Esta contratación se produce a tan solo unos días de las próximas elecciones generales y reabre el debate de si este tipo de estudios financiados por el Gobierno son realmente necesarios.
Además, ya existen estudios al respecto. Según los informes de Hogar Sí y la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE, cerca del 35 % de la población sin hogar es LGTBI. Por su parte, el Estado LGTBI 2025 (FELGTBI+ y Universidad de Salamanca) detalla que el 34 % ha sufrido sinhogarismo reciente (y un 36 % a lo largo de su vida), abarcando situaciones como acogida temporal con allegados (17 %), alojamientos de emergencia (10 %), lugares no aptos para la vivienda (9 %) o pernocta en la calle (4,5 %).
Este dinero invertido en ese estudio surge precisamente en medio de una fuerte polémica sobre las pulseras antimaltrato, dependientes del Ministerio de Igualdad que dirige Ana Redondo –número uno por el PSOE al Congreso en Valladolid–, que no han funcionado y han dejado a las víctimas en una situación de vulnerabilidad. Una serie de fallos que ya está investigando la Fiscalía Europea por un presunto delito de fraude que afecta a fondos europeos destinados a la adquisición de estos dispositivos.