Fundado en 1910
José Manuel Pagán Agulló

Las nuevas sirenas: proteger la libertad de los menores frente a la economía de la atención

En lugar de preguntarnos solamente a qué edad debemos permitir que un joven entre en una red social, deberíamos preguntarnos también qué clase de red social estamos permitiendo que encuentre cuando entre

Europa parece haber llegado a una convicción compartida: algo debemos hacer para proteger a los menores frente a los riesgos de las redes sociales. Adicción, pornografía, ciberacoso, pérdida de atención, alteraciones del sueño o exposición a contenidos dañinos son problemas demasiado serios para despacharlos apelando simplemente a la responsabilidad individual. La dificultad comienza cuando preguntamos qué debemos hacer.

Diversos países europeos estudian prohibir el acceso a las redes por debajo de determinadas edades. Pedro Sánchez anunció una prohibición para los menores de 16 años. La Comisión Europea parece orientarse hacia un modelo gradual, con autorización parental hasta cierta edad y obligaciones destinadas a garantizar entornos digitales seguros.

La preocupación es legítima, pero la gravedad de un peligro no convierte automáticamente en proporcionado cualquier remedio.

Tal vez una imagen de la Odisea pueda ayudarnos a comprender el problema. Advertido por Circe del peligro de las sirenas, Odiseo no desprecia su poder de seducción ni supone ingenuamente que bastará con su fuerza de voluntad para resistirlas. Ordena a sus compañeros taparse los oídos con cera y pide que lo aten al mástil de la nave. Podrá escuchar su canto, pero habrá establecido previamente unas condiciones que impedirán que ese canto se apodere de su voluntad y lo conduzca a la perdición.

La escena encierra una intuición profundamente humana: proteger la libertad no siempre significa multiplicar las posibilidades de elección; a veces exige crear las condiciones que nos permitan seguir siendo libres ante aquello que pretende dominarnos.

Algo semejante sucede hoy con nuestros menores. No navegan entre sirenas mitológicas, sino por entornos digitales diseñados con un conocimiento cada vez más sofisticado de nuestra atención, nuestros deseos y nuestras vulnerabilidades. Y existe una diferencia importante: Odiseo era un adulto que conocía el peligro y decidió protegerse antes de afrontarlo. El adolescente está formando todavía precisamente esa capacidad de anticipación, discernimiento y dominio de sí.

Aquí comienza nuestra responsabilidad.

Francia acaba de ofrecer una enseñanza interesante. Su Conseil Constitutionnel, equivalente a nuestro Tribunal Constitucional, anuló en agosto la prohibición general de acceso a las redes sociales para menores de 15 años. No negó los riesgos, al contrario, reconoció expresamente problemas como la adicción, el aislamiento, la pornografía, el acoso o el fraude. Lo que consideró desproporcionado fue responder mediante una prohibición general, sin atender suficientemente a las características de cada plataforma, la madurez del menor o la responsabilidad educativa de sus padres.

Quizá estemos planteando mal la pregunta. En lugar de preguntarnos solamente a qué edad debemos permitir que un joven entre en una red social, deberíamos preguntarnos también qué clase de red social estamos permitiendo que encuentre cuando entre.

Una regulación centrada en la prohibición dice al adolescente: «Tú no puedes entrar». Una regulación centrada en la responsabilidad de la industria dice a la plataforma: «Tú no puedes diseñar de cualquier manera el entorno en el que entra un menor».

Es aquí donde resulta particularmente iluminadora Magnifica humanitas, la reciente encíclica de León XIV sobre la persona humana ante la revolución tecnológica. El Papa advierte contra las formas de dependencia vinculadas a la «economía digital de la atención», en la que determinados servicios son diseñados «para captar el tiempo y la mirada de los usuarios, explotando sus fragilidades y debilitando la libertad interior». Cuando un modelo de negocio prospera gracias a la debilidad humana, añade, quienes lo diseñan y financian adquieren una responsabilidad moral de la que no pueden desentenderse.

Aquí aparece una cierta analogía con la experiencia histórica de la industria tabaquera. Las redes sociales no son cigarrillos y sería simplista equipararlas; poseen funciones legítimas de comunicación, información y participación social, pero el precedente del tabaco plantea una pregunta importante: cuando una industria conoce mucho mejor que el consumidor los mecanismos capaces de generar dependencia y obtiene beneficios de la prolongación del consumo, ¿podemos atribuir toda la responsabilidad a la libre elección del individuo?

La pregunta resulta todavía más seria cuando hablamos de un menor.

Un padre puede decidir cuándo entrega un teléfono a su hijo. Puede establecer horarios, acompañarlo, hablar con él y enseñarle a utilizar responsablemente la tecnología. Pero no puede rediseñar una red social, no puede modificar sus algoritmos, eliminar el scroll infinito ni conocer qué mecanismos de recompensa han demostrado mayor eficacia para prolongar la permanencia del adolescente ante la pantalla.

León XIV lo expresa con particular claridad: a las familias les resulta difícil resistir por sí solas a modelos empresariales que monetizan la atención y el tiempo.

Precisamente aquí adquiere todo su sentido el principio de subsidiariedad. Lo que pueden hacer las familias no debe ser absorbido por el Estado, pero subsidiariedad no significa indiferencia estatal. Magnifica humanitas recuerda que la intervención de las instituciones superiores se justifica cuando permite que personas, familias y comunidades puedan cumplir sus propias responsabilidades sin quedar aplastadas por poderes mayores.

De ahí podría surgir un criterio razonable: el Estado no debería sustituir a los padres en aquello que corresponde a la educación, pero tampoco debería dejar a las familias solas frente a poderes tecnológicos que no pueden controlar.

Esto significa trasladar parte de la presión regulatoria desde el menor hacia la industria: limitar diseños deliberadamente compulsivos, exigir transparencia en los sistemas de recomendación, establecer protecciones de privacidad por defecto, impedir determinadas interacciones peligrosas y responsabilizar efectivamente a las plataformas por los entornos que construyen para los menores.

También debemos ser prudentes con la verificación de edad. El Conseil Constitutionnel francés señaló una paradoja evidente: para comprobar que quien entra no es menor, también los adultos terminan teniendo que acreditar su edad. Proteger a los niños no debería conducirnos inadvertidamente a construir una infraestructura general de identificación y vigilancia digital.

Dicho lo cual, ninguna regulación resolverá por sí sola el problema de fondo.

Podemos eliminar notificaciones nocturnas y limitar algoritmos, pero no podemos legislar el dominio de sí; podemos dificultar el acceso a contenidos perjudiciales, pero no podemos imponer mediante una ley el gusto por el silencio, la lectura, la conversación o la amistad verdadera.

Por eso Magnifica humanitas habla significativamente de una necesaria «higiene de la atención» y reclama una alianza entre familias, escuelas, instituciones y sociedad para educar en la sobriedad, los límites, la libertad y la responsabilidad.

Quizá ésa sea la cuestión decisiva. No necesitamos solamente educación digital, necesitamos educar la libertad en una sociedad digital.

Y aquí podemos regresar a Odiseo. Llegará un día en que nuestros hijos ya no tendrán a nadie que pueda atarlos al mástil, desaparecerá el control parental y ninguna prohibición por edad podrá protegerlos. Tendrán que haber aprendido a reconocer por sí mismos el canto de las sirenas y, sobre todo, a comprender que no todo aquello que reclama irresistiblemente su atención merece por ello su libertad.

Por eso, nuestro verdadero horizonte no debiera ser el de una sociedad en la que nuestros hijos jamás escuchen a las sirenas, sino educarlos para que, cuando las escuchen, sepan que ningún canto merece convertirse en dueño de su voluntad.

  • José Manuel Pagán Agulló es rector Universidad Católica de Valencia