Marlaska tiene parada una ley de incendios que propuso su propio Gobierno y que pide lo mismo que el PP

El pasado 25 de agosto, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, anunció un plan integral con 50 medidas para combatir los incendios forestales, después de que este año se hayan quemado ya en España más de 400.000 hectáreas, según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (Effis por sus siglas en inglés).

Entre este paquete de medidas impulsado por el PP se encuentra el establecimiento a nivel estatal de un marco normativo común para los servicios autonómicos de prevención, extinción de incendios y salvamento (los conocidos Speis), dentro del Sistema Nacional de Protección Civil.

Este mismo plan que ahora solicitan los de Feijóo ya fue propuesto en parte en el Congreso de los Diputados el 18 de septiembre de 2020 por Podemos, que en aquel momento formaba parte del Gobierno de coalición de Sánchez. En esta proposición de ley, se pedía «un marco legislativo que regule la profesión de 'bombero' y dote a los servicios de bomberos de un marco normativo común a nivel estatal, y regule sus competencias y funciones», reza la norma.

Esta ley fue respaldada en octubre de 2020 por un total de 308 diputados. Sin embargo, la norma permanece todavía «dormida» en el Congreso tras ser paralizada por el propio Ministerio de Interior que lidera Fernando Grande-Marlaska, tal y como ha denunciado la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales (CUBP).

«La Ley de Coordinación de Servicios de Gestión de Incendios y Salvamento que propone el Partido Popular para aprovechar de manera inmediata y eficaz las capacidades de los 20.000 bomberos que hay en los más de 120 servicios en España ya estaba recogida en el programa del anterior Gobierno, pero que se paralizó incomprensiblemente en el Ministerio del Interior, donde actualmente continúa bloqueada», lamenta esta organización.

En esta misma línea, los bomberos han afeado que la lucha contra los incendios y otro tipo de emergencias sólo forme parte de la agenda política tras tragedias como la dana de Valencia o las provocadas por los fuegos de este verano, y advierten de que no debería ser una batalla entre el Gobierno y las comunidades autónomas. En este sentido, aseguran que el desbloqueo de la Ley Marco contribuiría a despolitizar los servicios de emergencias para movilizar medios del Estado sin interferencias partidistas condicionadas por la aritmética electoral.

En opinión de la CUBP, las negligencias detectadas en las labores de rescate de las zonas afectadas tanto por la dana de octubre como por los incendios de este verano podían haberse evitado parcial o totalmente si la Ley Marco de Coordinación estuviera en vigor.

Frente a ambas situaciones, la CUBP asegura que miles de bomberos profesionales mostraron su voluntad de desplazarse a las zonas más afectadas, pero no pudieron trabajar adecuadamente debido a la ausencia de una legislación pertinente que permita intervenir de manera rápida y eficaz.

Finalmente, urgen la aprobación de esta ley para garantizar la seguridad ciudadana ante incendios u otras emergencias climáticas. Insisten en que, por culpa de su bloqueo, muchas veces no puede actuar el parque de bomberos más cercano, sino que debe acudir el que le corresponda la zona afectada, lo que alarga los tiempos de intervención y deteriora peligrosamente los servicios de protección y emergencias.