El Gobierno da luz verde a blindar el derecho al aborto en la Constitución

El Gobierno ha dejado claro –una vez más– que apoya la cultura de la muerte. Este martes, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a blindar y garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública. Para ello, han optado, tal y como ya avisó el Ejecutivo, por la reforma del artículo 43 de la Constitución, amparándolo bajo el derecho a la protección de la salud, algo que los grupos provida consideran «un auténtico fraude de ley constitucional».

En la rueda posterior al Consejo de Ministros, Elma Saiz, portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha afirmado que Ana Redondo, ministra de Igualdad, ha presentado un proyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución Española para «proteger» el derecho al aborto. Con esta reforma constitucional, ha proseguido, España se coloca «a la vanguardia de países europeos en la protección de los derechos de las mujeres».

Durante su intervención, Redondo ha asegurado que se trata de «un día importante» para la democracia española porque han profundizado en el blindaje del «derecho de las mujeres». En concreto, ha confirmado que reconocen «el derecho de las mujeres sobre su propio cuerpo a abortar» y, por lo tanto, a una «identificación y blindaje a los derechos reproductivos de las mujeres en la Constitución Española».

Asimismo, ha apuntado que, como ya se había informado, han incorporado en el artículo 43 de la Carta Magna un nuevo párrafo validado por el Consejo de Estado que considera que la propuesta es «completamente constitucional». El texto (recogido en el apartado 43.3) es el siguiente: «Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de la mujeres en la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva con cuantas prestaciones y servicios sean necesarias».

Con esta propuesta, el objetivo es garantizar el acceso de las mujeres a la sanidad pública para acabar con la vida de su hijo. En este sentido, Ana Redondo ha afirmado «no está en riesgo la libertad de las mujeres» pero sí «el ejercicio real y efectivo en todo el territorio nacional», ya que el 79 % de las prácticas abortivas se realizan en centros privados y solo el 20 % en centros públicos.

Redondo ha incidido en que se trata de una reforma constitucional por el procedimiento ordinario. Por ello, a partir de este momento, la reforma impulsada por el Gobierno seguirá los cauces establecidos, conforme al procedimiento previsto en el artículo 167 de la Constitución, y requerirá la aprobación por mayoría de tres quintos tanto en el Congreso como en el Senado.

En caso de descuerdo, sería necesaria la creación de una Comisión Mixta Congreso-Senado que propondría un nuevo texto, que se sometería de nuevo a votación. De no lograrse, el texto podría aprobarse, por mayoría de dos tercios de los votos en el Congreso y mayoría absoluta en el Senado.