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Ángel Víctor Torres, en una foto de archivo

Ángel Víctor Torres, en una foto de archivoEuropa Press

El Gobierno comunica por carta a Canarias, Baleares y Andalucía la modificación del Reglamento de Costas

Así, en el plazo de tres meses se impulsará la inclusión en el citado proyecto de reforma reglamentaria -será un Real Decreto, aprobado en Consejo de Ministros- de un mecanismo de cooperación

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha informado por carta a los presidentes de Canarias, Fernando Clavijo, e Islas Baleares, Marga Prohens, y al presidente en funciones de Andalucía, Juan Manuel Moreno, del acuerdo por el que se inicia la modificación del Reglamento de Costas que permitirá a estas comunidades aumentar su capacidad de autogobierno en esta materia.

El ministro ha trasladado que, a iniciativa del Ministerio de Política Territorial y del Ministerio de Transición Ecológica, se ha acordado que, en el marco de la modificación del Reglamento General de Costas, las nuevas medidas se aplicarán también a las comunidades que ya tienen transferidas esa competencia, si así lo decidieran, según ha informado el Ministerio.

Así, en el plazo de tres meses se impulsará la inclusión en el citado proyecto de reforma reglamentaria -será un Real Decreto, aprobado en Consejo de Ministros- de un mecanismo de cooperación, de manera que, en lo que se refiere a las concesiones demaniales, la administración autonómica notificará a la del Estado cada solicitud en tramitación para que, en el plazo máximo de dos meses, emita por escrito su criterio en relación con la garantía de la integridad física y del uso público del dominio público marítimo-terrestre. En caso de discrepancia se abrirá un período de consultas a fin de llegar a un acuerdo durante un periodo máximo de un mes.

Igualmente, y para facilitar la cooperación, se creará una Comisión de Seguimiento del traspaso, de composición paritaria, que promoverá la colaboración en el ámbito de la gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre, abordando los problemas de ejecución que puedan plantearse y resolviendo conflictos y discrepancias respecto a dicha gestión.

Según ha destacado Ángel Víctor Torres, se trata de una apuesta más por la mejora del autogobierno, en la idea defendida por el actual Gobierno de España de que más autonomía genera una España mejor.

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