La UE obligará desde 2027 a los fabricantes a acabar con la obsolescencia programada

La degradación de las baterías es, históricamente, el principal motivo por el cual los usuarios deciden renovar sus dispositivos móviles. Lo que hasta ahora se percibía como una forma de obsolescencia programada —debido a que las baterías actuales están selladas y requieren servicios técnicos costosos para su sustitución— tiene fecha de caducidad en el continente europeo.

A partir del 18 de febrero de 2027, entrará en vigor una nueva normativa de la Unión Europea (UE) que obligará a los fabricantes a diseñar dispositivos cuyas baterías sean fácilmente extraíbles. El objetivo es que cualquier consumidor pueda realizar el cambio por sí mismo utilizando herramientas comunes, eliminando la necesidad de recurrir a asistencia especializada para una operación que debería ser rutinaria.

Esta medida no solo busca dar un respiro al bolsillo de los ciudadanos —se estima un ahorro colectivo de 20 millones de euros para 2030— sino que es una pieza clave en la estrategia verde de la UE.

Al facilitar la reparación, se pretende reducir el volumen de residuos electrónicos y la huella de carbono asociada a la fabricación constante de nuevos terminales.

Disponibilidad garantizada y excepciones

La ley también impone obligaciones postventa: las empresas deberán asegurar la existencia de baterías de repuesto durante al menos cinco años después de que el producto deje de comercializarse. Además, si el diseño requiere alguna herramienta específica para la apertura del dispositivo, el fabricante deberá proporcionarla sin coste o a un precio accesible.

No obstante, la normativa contempla excepciones puntuales. En aquellos aparatos donde la seguridad del usuario o la estanqueidad (protección contra el agua) sean críticas y puedan verse comprometidas por una manipulación doméstica, se seguirá permitiendo que la sustitución deba ser realizada por profesionales cualificados.