Aborto: un encargo difícil

Al parecer Cándido Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional (TC), encomendó a la vicepresidenta del organismo, Inmaculada Montalbán, que hiciera una ponencia que declarase la constitucionalidad de la ley del aborto recurrida por el PP desde hace trece años, una vez que siete de los once miembros del Tribunal echaron abajo el proyecto de sentencia elaborado por Enrique Arnaldo, que descalificaba parcialmente la ley vigente, aunque consentía a la madre dar muerte al hijo (o hija, claro) en las catorce primeras semanas de embarazo sin tener que explicar a nadie por qué.

Doña Inmaculada debe de estar aplicándose a la tarea asignada por el presidente, pues aunque se sabe cuál va ser el veredicto (la convalidación de la ley vigente), suscita mucha curiosidad saber cuáles van a ser los argumentos que sustenten tal resultado. Mientras tanto, en los medios ya han surgido iniciativas para ir presionando a la ponente. Esto es inevitable: cada vez que un gobierno del PSOE discurre un disparate, pone en marcha la táctica de soltar el correspondiente anuncio disparatado, y ya no será noticia –y por consiguiente no saldrá en los medios– el disparate propiamente dicho cuando entre en vigor. Este modo de proceder es el favorito de los vendedores de humo con las promesas en vísperas electorales o en momentos de apuro; que les pregunten a los damnificados de La Palma por la erupción del volcán qué fue de las ayudas y las viviendas prometidas por el habitante de la Moncloa, por ejemplo. Con las leyes y las sentencias polémicas ocurre lo mismo: se anuncian, se montan el debate y las protestas a ciegas, y cuando se publican en el BOE los medios ya no les prestan atención.

Una de las presiones más graciosas es la que sugiere a la juez Montalbán que diga que «el Estado no puede imponer una maternidad no deseada», como si la madre fuera un día por la calle y de repente se encontrase con un hijo creciendo en sus entrañas, o si para justificar el parricidio de un viejecito (o viejecita, claro) se argumentase que «no se puede imponer una orfandad no deseada». Pero hoy vivimos el momento de los imaginativos; a falta de información, cualquier ocurrencia vale, y es de suponer que la ponente, ya que tiene un encargo ciertamente difícil en cuanto uno se topa con la evidencia incontestable de un tertium que forzosamente ha de ser inocente de toda culpa porque ni siquiera se le dio tiempo a nacer.

Habrá, pues, que esperar a leer el texto íntegro de la sentencia, que muy probablemente vendrá escrita oceánicamente, como si la cantidad añadiera seriedad a lo que se dice. A veces cuesta encontrar la almendra de lo que la sentencia quiere decir, pero una vez encontrada, puede resumirse con mucha exactitud en unas pocas líneas. Por ejemplo, la funestísima sentencia de Rumasa se pretendió justificar en estos dos resúmenes: la expropiación no tiene necesariamente que afectar al derecho de propiedad, y el Gobierno ya ha dicho que no lo hará más. El entonces presidente del TC y prestigioso catedrático de Derecho Político y Constitucional, Manuel García Pelayo, deshizo el empate de seis contra seis gracias a su voto de calidad. Al final de su mandato se volvió a Venezuela donde estuvo exiliado durante todo el franquismo, y allí falleció.

• Ramón Pi es periodista