La trampa para vender arroz de fuera como español: «La normativa permite las confusiones intencionadas»

Nuevo episodio en la lucha por la reivindicación del origen de los alimentos. Las campañas para poner en valor los métodos de producción y las prácticas sostenibles en el campo son cada vez más frecuentes; sin embargo, los resquicios legales se convierten en grandes espacios de trampa para la industria.

La práctica que ya se ha convertido en habitual entre los grandes comercializadores de arroz que importan producto de fuera de la Unión Europea (UE), cultivado bajo otros estándares de calidad y con sustancias fitosanitarias prohibidas en el viejo continente, se hace visible en el etiquetado.

Las empresas arroceras aprovechan un agujero en el reglamento que permite eludir el origen del arroz en sus envases. El arroz blanco, que requiere un proceso de transformación antes de ponerse a la venta, solo ha de mostrar el lugar en el que ha sido envasado, por lo que únicamente las compañías que sí emplean producto nacional hacen gala de ello, mientras que el resto etiqueta España como territorio de envasado y omite la procedencia del cereal.

Esta situación se ha convertido en un frente de batalla crucial para los arroceros, que denuncian que la importación masiva de países como Birmania, Argentina o India, donde el uso de materias activas como el Triciclazol clave para acabar con la Pyricularia oryzae, un hongo que destroza este cultivo y que es especialmente dañino en la variedad bomba, está permitido.

La porfía de los agricultores españoles puso el foco sobre el arroz redondo de la marca La Villa de categoría extra vendido en ALDI. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) denunció en febrero de 2024 ante la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) el etiquetado del producto, ya que incluía imágenes tradicionales de la huerta valenciana, pero no especificaba el país de origen.

La organización acusó a la cadena de supermercados de inducir al error, algo que ha pasado inadvertido para la Administración.

Las autoridades han archivado el expediente contra ALDI al dictaminar que la actual normativa europea «no permite sancionar confusiones intencionadas sobre la calidad y el origen del arroz», por lo que la ley consiente estas confusiones intencionadas.

Según ha trasladado Ava-Asaja, el expediente fue derivado a la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana, donde inspectores autonómicos analizaron muestras del envasador Maicerías Españolas S.A. Las autoridades certificaron que el arroz procedía de Tailandia y Singapur, y que fue importado por Agrovert S.L., con sede en Almácera (Valencia).

Estos métodos fueron también denunciados recientemente en conversación con El Debate por Nando Durá, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos en la Comunidad Valenciana, después de que Herba Ricemill, una filial del Grupo Ebro Foods, cuya titularidad pertenece al 10 % al Gobierno de España a través de la Sepi (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) importase 6.000 toneladas de arroz para luego venderlo a través de marcas reconocibles para el consumidor español como La Fallera, SOS, Brillante o La Cigala.

Ava-Asaja ha solicitado formalmente al comisario de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, y a los europarlamentarios españoles de todos los grupos políticos, una modificación urgente de la normativa comunitaria sobre el etiquetado del arroz. La organización reclama «una legislación más clara, transparente y exigente», que ofrezca mayores garantías a los consumidores y proteja a los productores europeos, tal y como se ha logrado con la miel, que tendrá que especificar su porcentaje de mezcla y origen en su etiquetado a partir del 14 de junio de 2026.

Los agricultores españoles buscan una modificación total de la normativa, que no ha sancionado las maniobras de las comercializadoras al sentenciar que se cumplían los estándares legales actuales puesto que la ley vigente no obliga a especificar el país de origen, ni considera una irregularidad el uso de imágenes que podrían generar confusión sobre el lugar de producción.

«Esta situación pone en evidencia una normativa europea que permite engañar descaradamente a los consumidores y que actúa en favor de los grandes importadores y de los intereses políticos que subordinan la agricultura a acuerdos comerciales con terceros países», condenan en la organización valenciana.