Los ganaderos piden una reunión con el Defensor del Pueblo para que explique por qué recurre la caza del lobo

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) se ha dirigido al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, después de que este recurriese al Tribunal Constitucional la rebaja de la protección especial del lobo en España que permite la caza del depredador en España.

Los ganaderos, en una carta de la que se ha hecho eco Efe, solicitan la reunión para que Gabilondo les haga entender qué ha motivado al encargado de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos mediante la supervisión de la actividad de las administraciones públicas españolas a tomar esta iniciativa.

«Creemos que en esta decisión no se han tenido en cuenta todos los elementos que concurren en esta problemática, y nos gustaría poder transmitirte nuestra realidad y nuestra visión», indican los agrarios.

UPA ha recordado que el lobo causa «graves daños» a la ganadería extensiva; que su población se expande en «todas las comunidades autónomas que tenían presencia del depredador en 2014». 278 solicitudes han sido suficientes para que Gabilondo interponga un recurso contra una reclamación reivindicada durante años por miles de ganaderos.

La organización ha añadido que ha habido un incremento de los ataques al ganado «fruto en gran medida de la protección férrea» tras su inclusión en el listado Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre).

A juicio de UPA el debate sobre el lobo «ha tomando un cariz de polarización y politización con unas claras víctimas: los ganaderos en extensivo que desarrollan una labor imprescindible en España».

En la carta a Gabilondo UPA destaca que «siempre» ha defendido la necesidad de realizar una adecuada gestión del lobo para minimizar su impacto en las actividades que se desarrollan en el medio rural.

Las disposiciones de la Ley de Desperdicio Alimentario que rebajan la protección del lobo fueron incluidas por el Senado como enmiendas al proyecto de ley y aprobadas por el Congreso en marzo con los votos de PP, Vox, PNV y UPN (y Junts, en el caso de las disposiciones que abrían la posibilidad de ampliar la eliminación de la protección especial de la especie al resto de España y no solo al norte del Duero).

Así, se limitó la protección del lespre a las poblaciones de lobos al sur del Duero. El mes pasado entró en juego la disposición transitoria de la Ley de Desperdicio Alimentario que excluía también a estas poblaciones del lespre una vez la Unión Europea (UE) rebajó el estatus de protección del lobo en la Directiva Hábitats.

Desde entonces, comunidades autónomas como Asturias, Cantabria y Galicia presentaron planes de caza de la especie que organizaciones ecologistas como WWF y Ecologistas en Acción amenazaron con recurrir. De hecho, Ecologistas en Acción y la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cántabra fueron al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) para instarle a que dejara en suspenso la resolución que autorizaba la extracción de lobos en Cantabria, petición que finalmente el Alto Tribunal desestimó.