Apicultores manejan un panal de abejas
La ampliación de concesiones a Ucrania sacude al campo español: la cuota de miel aumenta casi un 600 %
Los agricultores denuncian que la apertura de las barreras a los productos agrícolas distorsionan el mercado y hunden sus precios en origen
Las consecuencias de la guerra de Ucrania, iniciada tras la invasión de Rusia el 24 de febrero de 2022, han transformado el panorama agroalimentario de la Unión Europea (UE).
El conflicto bélico a las puertas del bloque continental ha dejado importantes implicaciones en el bolsillo de los europeos, con un incremento destacado del precio de la energía y de los combustibles –por momentos desbocados– que a su vez han afectado al coste de las materias primas alimenticias y a la producción.
La respuesta de la UE para respaldar a Ucrania en su contienda frente a Vladimir Putin ha puesto especial énfasis en acuerdos comerciales que ayuden a financiar las acciones del país presidido por Volodimir Zelenski.
Estas concesiones que permiten la entrada de productos ucranianos libres de aranceles han sido condenadas de manera reiterada desde el campo, ya que los agrarios consideran que sí se debe apoyar a Ucrania, pero que esta responsabilidad ha que extenderse a todos los sectores económicos y no solo al primario.
Los agricultores y ganaderos denuncian que la apertura de las barreras a los productos agrícolas llegados de Ucrania distorsionan el mercado y hunden sus precios en origen, algo que temen que aumentará con las nuevas cuotas relativos a la revisión del artículo 29 del Acuerdo de Libre Comercio Amplio y Profundo (DCFTA) entre la UE y Ucrania.
Según datos de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) el país con capital en Kiev ha triplicado sus ventas de cereal a España desde febrero de 2022. Además, Ucrania se sitúa como principal país abastecedor de miel de la industria española, que compró a operadores ucranianos un total de 1.964 toneladas de miel (un 21,3 % de las importaciones españolas realizadas durante el primer trimestre de 2025) a un precio medio de 2,08 euros por kilo.
El precio medio de las importaciones desde Ucrania fue en 2024 de 1,75 euros por kilo, muy por debajo de lo costes de producción en España. Este diferencial compromete gravemente la sostenibilidad económica del sector apícola nacional y europeo.
El nuevo marco amplía las cuotas para alcohol etílico (+25 %), carne de ave (+30 %), y considerablemente para huevos (+300 %), azúcar (+498 %) y miel (+583 %), que se ha erigido como una de las producciones más zarandeadas en los últimos años.
«Esta medida convierte a la miel en el producto que recibe la mayor concesión comercial dentro del acuerdo, algo que desde el sector apícola es injustificable dada la crítica situación que atraviesa (...) Estas importaciones, muchas veces de calidad dudosa y sin controles efectivos en frontera, desplazan del mercado a las mieles nacionales, lo que impide a los apicultores y las apicultoras encontrar compradores y comercializar sus producciones», señalan desde Cooperativas Agroalimentarias.
Los agrarios lamentan que la Comisión Europea, lejos de aplicar el principio de precaución y proteger las personas consumidoras y productoras de miel, opta por incrementar drásticamente la cuota libre de aranceles sin valorar el impacto real sobre los productores ni implementar nuevas medidas de control de calidad en frontera.
Asaja (Asociación de Jóvenes Agricultores y Ganaderos) califica como desproporcionado el cupo admitido para determinados productos agrícolas sensibles como puede ser la miel. «Deja a los productores expuestos y sin apoyo, en un momento en que ya están sometidos a presión por la liberalización comercial acumulada –pasada y prevista–», indican.
La organización profesional agraria mayoritaria en España exige una mayor claridad sobre cómo se aplicará la condicionalidad en el acuerdo, especialmente en lo referente a las normas de producción. «Aunque la alineación legislativa de Ucrania con las normas de la UE es un paso positivo –en particular en el contexto del proceso de adhesión–, su aplicación en condiciones de guerra plantea serias limitaciones. Transponer legislación es una cosa; garantizar su implementación efectiva y su cumplimiento sobre el terreno es otra muy distinta», concluye Asaja.
