El fraude del Ministerio de Derechos Sociales a los cazadores

Muchos recordarán esa multitudinaria manifestación del campo contra la política agraria y medioambiental, así como contra las medidas que anunciaba el Gobierno respecto de los perros. Fue la Marea Naranja, que inundó su recorrido con una gran multitud de personas indignadas, ataviadas con un chaleco naranja, que no admitían limitaciones propias de mascotas urbanas respecto a sus perros de trabajo. Fueron bastantes cientos de miles, por mucho que la propaganda gubernamental lo redujera a «unas cien mil». Y se hizo, como constataron los responsables locales y autonómicos madrileños, «sin romper una papelera, sin pisar una flor». Ese día el campo venció y se limitó el ámbito de aplicación de una Ley de Protección Animal, sólo algo lógica si se limitaba su aplicación a las mascotas urbanas.

Pero hay gente a la que le gustan las trampas, como es el Ministerio de Derechos Sociales, el impulsor de esa Ley, que tomó como una afrenta personal que sus, a priori, receptores consideraran que les era muy negativa. Mucho mayor afrenta fue que esa manifestación les hiciera rectificar. Llevan años buscándole tres pies al gato y creen haberlo conseguido. El marxismo es así (y el ministro del ramo lo es); si algo no admite es la «no obediencia social».

Ante la imposibilidad de aplicar la política del gulag y de la cheka, el Ministerio del hijo de Ángeles Amador está preparando dos proyectos de real decreto para rehacer el camino que se les vio interrumpido por la Marea Naranja. Algunos se preguntarán cómo va a hacerlo sin modificar la Ley. Intentaré explicárselo en pocas líneas.

Por un lado prepara un real decreto sobre identificación de animales de compañía en el que incluye a todos los perros, incluso los que quedaron fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Protección Animal, con la excusa de que está desarrollando la Ley de Sanidad Animal. Es una burda mentira porque ya existe un registro de animales a efectos de sanidad Animal que, además, no exige dar datos personales sensibles de los propietarios de los perros, tales como su propio domicilio.

Por un lado extiende enormemente los datos personales que deben facilitarse y por otro los va a incluir en su Registro de Animales de Compañía

Por el otro prepara otro real decreto en el que, pese a decir que «sólo es aplicable a los perros dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Protección Animal», crea un nuevo Registro en el que se incluyen todos los datos existentes sobre esos perros, bien sea por aplicación de la Ley de Protección Animal, bien lo sea «por su normativa específica»; evidentemente se refieren los datos exigidos fraudulentamente por aplicación de la Ley de Sanidad Animal. Es decir, que por un lado extiende enormemente los datos personales que deben facilitarse y por otro los va a incluir en su Registro de Animales de Compañía.

La obsesión de los marxistas por tener fichados a todos es histórica. Casi tanto como su afán por facilitárselo a sus milicianos «para que procedan». Porque, atentos a esto, el ministro Bustinduy incluye entre sus medidas que las asociaciones protectoras de animales (ya saben cual suele ser su pelaje político mayoritario) puedan acceder a todos los datos de ese registro.

La maniobra es sibilina por la forma de ocultación en la que la están realizando, hasta el punto de que muchos colectivos afectados creen que estos dos proyectos no les afecta porque «están fuera del ámbito de aplicación de la ley que se desarrolla». Eso es cierto, pero también lo es el fraude legal que se está preparando desde el Gobierno. Porque ¿Cuándo este Ministerio se ha visto frenado por el respeto a la legalidad? Es el ministerio más ideologizado y no lo oculta. Además, bien está aprovechando momentos débiles de su socio gubernamental mayoritario (más preocupado por los problemas personales y políticos del Presidente de Gobierno) para colar estos textos, bien le quiere hacer de muleta para crear otra polémica (otras más) que permita diluir el enfado social un poco más.

Pero aún hay más, porque se incluye la modificación del Real Decreto 558/2001 en levísimas pero sustanciales frases, que condicionará la pertenencia a las diferentes asociaciones de criadores a que los perros queden incluidos expresamente en el Registro de la Ley de Protección Animal. Es decir, que los pastores o cazadores tendrían que renunciar a que sus perros formen parte del plan de cría de la raza si quieren seguir quedando fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Protección Animal. Es decir, que esas razas de utilidad deberán proseguir su plan de cría y selección sin ejemplares que prueben sus capacidades y aptitudes propias de cada raza, para desastre de la raza.

Que la Marea Naranja no quede en agua de borrajas. No nos dejemos engañar. La amenaza es real y está por escrito. Al ministerio de Bustinduy no le importan los perros, sino el poder y el control sobre la población, la tenencia de sus datos y el poder compartirlo con sus amiguetes ideológicos. Y no se lleven a engaño, porque no será ni el primer ni el quinto caso en el que esas pseudo asociaciones de protección animal han utilizado esos datos para hacer campañas de acoso a los núcleos zoológicos de perros de caza. Y ello mientras crecen los casos de «protectoras» que no son sino tapaderas de delincuencia y de robo de perros para venderlos en el extranjero por muchos cientos de euros, bajo la mentira de que se trata de perros salvados de las garras de los malévolos cazadores. Esos casos los encuentra siempre la Guardia Civil, nunca los agentes de Bustinduy. Por supuesto, jamás por denuncias de otras protectoras, que entre bomberos no hay que pisarse la manguera.

Antonio Conde Bajén es miembro del Real Club de Monteros