Pinchazo en la caza a los piratas de la cadena agroalimentaria: «No hay voluntad de hacer cumplir la ley»

La persecución a las prácticas que atentan contra la rentabilidad de los agricultores encuentra en la reformada Ley de la Cadena una de sus principales armas.

El reglamento de 2013 se modificó en 2021 y entonces fue reivindicado como uno de los grandes logros del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, cuyo objetivo era lograr unos precios más justos para todos los operadores y satisfacer una de las grandes demandas de los productores.

El hecho de que no se produjesen ventas por debajo de los costes de producción emergía como una de las principales demandas del campo, que a su vez consiguió la obligatoriedad de contar con un contrato escrito sobre las operaciones.

La Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) es la encargada de vigilar a aquellos que tratan de desequilibrar la cadena y, como cada trimestre, ha revelado el nombre, causa y cuantía de sanción de las empresas que han tratado de aprovecharse del primer eslabón.

21 operadores de toda España han sido cazados en los tres primeros meses del año y condenados a pagar un total de 399.063,40 euros; sin embargo, desde la delegación de Asaja en Alicante las sanciones publicadas del tercer trimestre demuestran «que no hay voluntad de hacer cumplir la Ley de la Cadena y perseguir los abusos y desequilibrios que se producen».

«Únicamente se han sancionado a 21 operadores en toda España durante este trimestre, y la gran distribución, que es quien pone los precios en destino, es permanentemente exonerada», lamentan los agrarios, que reclaman un incremento de al menos el 300 % en la cuantía base de las sanciones pecuniarias, así como más dinamismo, medios y presupuesto el ente persigue estas trampas que lastran el trabajo de los agricultores.

Los agricultores ponen en duda la capacidad de alerta de la AICA, ya que consideran que, por ejemplo, que haya solo 12 sanciones en toda España por irregularidades habituales y abusos como no formalizar contratos por escrito, no incorporar precios en los mismos, no subir los contratos y la resistencia, obstrucción o negativa a aportar la documentación resulta insignificante.

«El sistema está fallando, las sanciones son insuficientes y no tienen efecto disuasorio. Además, no se protege adecuadamente a la producción agraria, al eslabón más débil de la cadena, dado que los abusos que sufrimos a diario los agricultores no están siendo atendidos por AICA», condenan desde Asaja Alicante.

La desventaja para los productores, según denuncian, va más allá de estas prácticas que presiona a la baja sus precios. «Estamos observando que se mantiene una desproporción excesiva entre el precio que se paga al agricultor y el precio que paga el consumidor por esos mismos productos», apuntan.

El campo ahonda en la necesidad de que la responsabilidad de la AICA se extienda para corregir los desajustes que distorsionan la realidad del mercado. Los agrarios suspiran por eliminar incertidumbre en su labor y para que cuando haya una buena cosecha las ganancias no se diluyan por especulaciones del resto de la cadena.

«Necesitamos una actuación más dinámica y decidida de AICA y reforzar su capacidad inspectora. Los desequilibrios y los bajos precios en origen aparecen como consecuencia de las diferencias en el poder de negociación a lo largo de la cadena y los agricultores están especialmente expuestos a la acción de las prácticas desleales. Es importante actuar con más contundencia y promover lo antes posible un cambio de cultura en las relaciones comerciales», concluye José Vicente Andreu, presidente de Asaja Alicante.

Para los agrarios, la solución pasa por un endurecimiento de la ley que tenga un efecto real en la gran distribución y así se garantice una renta justa en origen.