Agricultores con un tractor durante la recogida del ajo morado en Castilla-La Mancha

Agricultores con un tractor durante la recogida del ajo morado en Castilla-La ManchaEuropa Press

La trabajada victoria del campo sobre Yolanda Díaz: «La naturaleza no entiende de relojes»

El sector solicita simplificación legislativa y medidas «que impulsen, no que sobrecarguen»

Una de las consignas más reclamadas por los agrarios en los últimos tiempo condena la distancia entre la perspectiva de los legisladores y la realidad que impera en el campo.

Esta reivindicación apunta principalmente a la burocratización de las labores agrarias, que choca con el día a día de las explotaciones.

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social, presentó la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales como una de las medida estrella de su mandato pese a la problemática que la implementación presentaba en su puesta en práctica, tal y como se evidenció en las tiranteces con Carlos Cuerpo, ministro de Economía y Comercio.

La propuesta de la líder de Sumar, que avanzó sin el visto bueno de los empresarios, cayó como una imposición carente de sentido en el sector agrario, que inició un largo y proceso para frenar la aprobación en el Congreso de los Diputados.

Las principales organizaciones profesionales agrarias denunciaron la falta de coherencia del plan de Díaz, que incluía novedades como el nuevo registro horario o la desconexión digital, algo incomprensible a pie de cultivo.

Los agrarios intensificaron sus conversaciones con PP, Junts y Vox, las fuerzas políticas que formaron mayoría suficiente para bloquear la intentona prolongada durante más de un año por la vicepresidenta segunda del Gobierno. «El Ejecutivo gobierna en minoría y tiene que negociar con el resto de los grupos parlamentarios. Ahí, como llevamos haciendo años, está nuestra labor de informar a los partidos de diferentes cuestiones para evitar que se aplican normas ambiguas y sin fundamento», advirtió el pasado diciembre Andrés Góngora, responsable de relaciones laborales de COAG, en conversación con El Debate.

«A diferencia de otros sectores, la actividad agraria está sujeta a factores naturales que no entienden de relojes. El clima, las estaciones o el ciclo de los cultivos y del ganado marcan el ritmo del trabajo diario. Reducir la jornada sin tener en cuenta esta especificidad equivale a imponer una rigidez incompatible con las necesidades productivas», apunta en una carta Juanjo Álvarez, director de Asaja y consejero del Consejo Económico y Social (CES) por la organización profesional agraria.

Agricultores y ganaderos han insistido en que las especificidades de las labores agrarias eran incompatibles con esta reducción; sin embargo, el Ejecutivo continuó con su empeño.

La estacionalidad de las campañas, la dependencia de factores externos como la climatología o los turnos de riego, y la dimensión reducida de muchas explotaciones y el aislamiento digital hacían prácticamente imposible el cumplimiento de la norma, abocando al grueso del sector primario a un aumento de los costes laborales y por tanto a una pérdida de competitividad.

El rechazo a la reducción de la jornada laboral de Yolanda Díaz ha retumbado como una victoria trascendental para agricultores y ganaderos, que consideraban que el único logro de la medida sería incrementar el coste laboral sin una repercusión significativa para los trabajadores.

La Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas vivas (Fepex), ha celebrado el desenlace y ha defendido que «hubiera causado un grave impacto en la competitividad de las empresas del sector hortofrutícola, al haberse elaborado sin tener en cuenta la negociación colectiva y las particularidades del sector hortofrutícola, que destaca por el carácter intensivo de sus cultivos y la importante demanda de mano de obra necesaria para mantener su actividad productiva».

Asaja ha reivindicado que el campo necesita medidas que lo impulsen, no que lo sobrecarguen. «La reducción de la jornada, si no se adapta a su realidad, amenaza con agravar problemas ya existentes como la falta de relevo generacional o el cierre de explotaciones. Por eso celebramos que los grupos parlamentarios hayan reflexionado y votado en contra de una propuesta que, en su diseño actual, suponía un riesgo evidente para la viabilidad del sector», asevera Álvarez.

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