La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.
Díaz acelera el nuevo registro horario en represalia al rechazo de la reducción de jornada
El Ministerio de Trabajo pone a consulta pública el decreto que endurece el control horario y refuerza el derecho a desconexión
Yolanda Díaz no ha esperado ni un día para mover ficha. Apenas 24 horas después de que el Congreso tumbara su proyecto de ley de reducción de jornada, el Ministerio de Trabajo ha puesto a consulta pública previa el Real Decreto que regulará el nuevo sistema de control horario y el derecho a la desconexión. La vicepresidenta segunda opta así por un atajo legislativo para sacar adelante sin debate parlamentario una de las partes más polémicas de su frustrada medida,
La decisión llega tras la derrota de la norma en la Cámara Baja, donde PP, Vox y Junts sumaron los votos suficientes para frenar la propuesta de Díaz, que había prometido que la jornada laboral de 37,5 horas semanales entraría en vigor, como tarde, el 31 de diciembre de 2025. Aunque la ministra no ha vinculado esta vez su continuidad política a esta votación –como sí hizo durante la tramitación de la reforma laboral–, su figura queda muy desgastada
Con este movimiento, Díaz busca blindar por decreto el nuevo artículo 34 bis del Estatuto de los Trabajadores, que obligará a registrar cada jornada de forma digital, bajo criterios de «objetividad, fiabilidad y trazabilidad». Cada empleado deberá anotar personalmente sus horas de entrada y salida, así como cualquier interrupción, especificando si se trata de tiempo efectivo, de disponibilidad, horas ordinarias u horas extraordinarias. Además, las empresas deberán conservar estos registros durante cuatro años y entregarlos junto a la nómina en un resumen mensual.
El Ministerio defiende que la medida es necesaria para combatir el «fraude masivo» de horas extra no pagadas en España, que estima en más de 2,6 millones cada semana. Los sindicatos, por su parte, han exigido al Consejo de Ministros que apruebe la norma cuanto antes ya que la consideran «clave para garantizar derechos básicos» y acabar con una práctica que lastra salarios, cotizaciones y competitividad.
La patronal, en cambio, advierte de que el nuevo modelo incrementará la carga burocrática y los costes, sobre todo en las pymes. La principal preocupación es que las sanciones dejarán de imponerse por empresa y pasarán a aplicarse por trabajador, lo que multiplica su el impacto. Además, critican que la norma presuma la veracidad del registro aportado por el empleado, trasladando la carga de la prueba a los empresarios, y que no contemple excepciones sectoriales ni mecanismos de compensación.
Derecho a la desconexión
Otro de los puntos sensibles es el derecho a la desconexión digital, que el decreto pretende reforzar. El texto establece que los trabajadores tendrán derecho a no atender comunicaciones fuera de su jornada laboral y que las empresas deberán garantizar mecanismos para evitar que este derecho sea vulnerado, con especial atención a la salud laboral y la conciliación familiar.
El texto permanecerá en consulta pública desde mañana viernes, permitiendo que ciudadanos, organizaciones y asociaciones presenten aportaciones. Después, la vicepresidenta prevé aprobar en Consejo de Ministros lo que las formaciones han rechazado en el Congreso.
