Varios pescadores en un barco en el puerto de Celeiro, en Galicia
Tirón de orejas de los pescadores españoles a la UE: «China pesca con esclavos y compite con nosotros»
«Frustración». Esta es la sensación que trasladan los pescadores españoles frente a las noticias que llegan desde Bruselas, donde la Comisión Europea ha propuesto unas modificaciones que chocan con sus aspiraciones.
El eco que retumba desde las embarcaciones y los puertos, y que transmite la cúpula de Cepesca (Confederación Española de Pesca), condena la incoherencia de las directivas de la UE, que ha planteado una reducción del 67 % de los fondos para la pesca en los presupuestos del período 2028-2034.
El sector señala que los pescadores son víctimas de una burocratización extrema de su actividad, cada vez más restringida y en la que se dibuja un escenario con menos recursos.
El Marco Financiero Plurianual 2028-2034 no solo reduce de 6.1001 a 2.000 millones de euros el presupuesto, sino que además acaba con su especificidad al integrarse en el Fondo Europeo para la Cohesión Económica, Social y Territorial, la Agricultura y las Zonas Rurales, la Pesca y el Mar, la Prosperidad y la Seguridad, junto a otras actividades.
Este giro de guion mete a los pescadores en el mismo saco que agricultores, ganaderos, y otros tantos incluidos en el fondo. «Nos mete a competir por algo que ya teníamos. No va a ser fácil», apunta Javier Garat, secretario general de Cepesca, en un encuentro con medios para analizar el comienzo del curos político: «Tenemos por delante dos años de negociaciones y deseamos que, tanto nuestro gobierno como el de otros países con gran tradición pesquera, articulemos un frente común para garantizar una cofinanciación armonizada que permita abordar la modernización, la sostenibilidad y la seguridad de la flota pesquera en condiciones de igualdad entre estados miembros, única fórmula para que la pesca europea sea competitiva frente al mundo», indica.
Garat alude a que los compromisos adquiridos por los pescadores con la UE van en aumento; sin embargo, sienten que la Comisión arrincona al sector con trabas como los recortes de posibilidades de pesca, competencia desleal de terceros países, falta de relevo generacional, alta fiscalidad o elevados costes de explotación.
«La Comisión pone objetivos que los pescadores españoles cumplen sin ser recompensados después», asevera Garat, que lamenta la lentitud de los procesos europeos para devolver los beneficios desprendidos a las embarcaciones, así como la diferencia de trato frente a pescadores ajenos a la UE: «China emplea a pescadores en condiciones de esclavitud, pasan meses y meses embarcados y compite con nosotros en igualdad de condiciones. Para ellos no hay consecuencias por miedo a represalias en otros aspectos comerciales». Los representantes de Cepesca apuntan que el 70 % de los pescados y mariscos que se consumen en España proceden de terceros países.
El sector pesquero español ha cumplido al 100 % las exigencias de Bruselas, cambiando los copos de las redes en la práctica totalidad de la flota arrastrera (con un coste de 3.500 euros por embarcación con dos copos y 7.000 euros para las de cuatro copos) siendo ahora más selectivas o con la instalación de puertas voladoras en unas 200 embarcaciones con un coste de 70.000 euros por barco.
Cepesca solicita incentivos fiscales y laborales para las tripulaciones, facilitar la renovación y modernización tecnológica de la flota, promover políticas activas de formación y relevo generacional, impulsar la recuperación del consumo de productos del mar, reforzar los controles sobre importaciones pesqueras y una defensa firme de los intereses pesqueros de España.
«No tiene ningún sentido que nuestros pescadores se vean obligados a embarcarse en barcos de otras banderas porque el sistema fiscal español no es competitivo. Este hecho no puede seguir ocurriendo si queremos garantizar el futuro de la flota y de los productos pesqueros de calidad», explica Julio Morón, presidente de Cepesca.
Los pescadores insisten en la desproporcionalidad y falta de rigor científico del cierre de 87 zonas a la pesca de fondo (arrastre, palangre y enmalle) en el Atlántico nordeste, así como el Total Admisible de Capturas (TAC) impuesto a la gamba roja, especie de referencia, dentro del plan plurianual para el Mediterráneo, “ya que si ya está sujeta a la gestión en base al esfuerzo pesquero, no tiene sentido que haya una doble medida, especialmente cuando la población se encuentra en buen estado. Lo lógico sería eliminar la cuota", reclaman los pescadores, que en 2025 tendrán un cupo total de gamba roja de 710 toneladas, lo que, a su juicio, obligará a muchos buques a tener que paralizar la actividad antes de que finalice el año.