El Gobierno utiliza los incendios y al Defensor del Pueblo para impedir la caza del lobo en toda España

La posibilidad de aplicar la gestión cinegética del lobo en todo el territorio nacional, tanto al norte del río Duero –como se permite actualmente–, como al sur del mismo –tal y como reclaman la mayoría de ganaderos afectados por los ataques– está pendiente de que el Gobierno aplique la ley.

La maniobra impulsada por el PP en el Senado, donde con el apoyo de Vox y Junts consiguió sacar adelante una enmienda que buscaba sacar al lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), ha seguido todas las directrices marcadas por Bruselas para que sea posible cazar lobos en toda España mientras se mantenga un estado de conservación favorable; sin embargo, el bloqueo planteado desde el Gobierno a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) mantiene indefensos a los agrarios.

Medio año más tarde de que el Congreso diese el visto bueno a cambiar el estatus de protección del lobo y más de tres meses después de que la modificación de la Directiva Hábitats que evidencia una recuperación en la población del depredador, España sigue sin aplicar la disposición transitoria que autoriza a cazar al can en todo el país.

«El Gobierno se agarra a todo tipo de maniobras para evitar la aplicación de la disposición transitoria que cambiaría la realidad con el lobo», indicaba en conversación con El Debate Jorge Martínez Antolín, senador del PP por Palencia y presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

La sensación entre los impulsores de la rebaja de protección del lobo es que el Ejecutivo obstaculiza la implementación de la ley para imponer sus intereses y los de sus socios de coalición.

Antes de los incendios de agosto, el Gobierno solicitó un aplazamiento para la remisión del informe sexenal a la Comisión Europea al presentar el Defensor del Pueblo un recurso al Tribunal Constitucional por la rebaja de la protección especial del lobo en España que permite la caza del depredador en España. «Ahora, aprovechando los incendios, el Gobierno ha argumentado que no pueden mandar el informe porque se desconoce el impacto del fuego en los lobos –dejando entrever que han podido morir una cantidad reseñable de animales–», explica a El Debate José María Castilla, director de la oficina de Asaja en Bruselas.

278 solicitudes fueron suficientes para que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, interpusiera un recurso contra el cambio de estatus que permite la caza del lobo, por ahora solo al norte del Duero. «Es todo una artimaña como la copa de un pino», lamenta Castilla, que apunta a la responsabilidad de la Comisión Europea para frenar estas prácticas.

Martínez Antolín sostiene que la estrategia del Gobierno únicamente pretende satisfacer la voluntad del Miteco y de los miembros de la coalición y que se olvida de los ganaderos, por lo que considera que el bloqueo se prolongará tanto como sea posible: «Veremos cuánto son capaces de estirar esto porque el problema es evidente. La población del lobo continúa aumentando y los ganaderos pagan el bloqueo del Gobierno», lamenta el senador popular, que advierte que el Ejecutivo recurrirá a todas las herramientas posibles para

La Junta de Castilla y León y las Organizaciones Profesionales Agrarias sostienen que en 2024 un total de 5.985 cabezas de ganado murieron por ataques de lobo. Se trata de una cifra récord en Castilla y León, la región más afectada por el impedimento de gestión al sur del río Duero.

Estos datos representan un incremento de prácticamente un 40 % de las cabezas de ganado muertas respecto a los datos de 2021, año en el que el lobo entro en el Lespre.