Los olivareros acusan a Competencia de respaldar a los que especulan con el aceite de oliva

Nueva entrega en la guerra entre productores de aceite de oliva y la industria. Una comunicación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha hecho saltar por los aires una tensión que, después de varios años en un alto grado de conflicto, se había visto ligeramente reducida por la positiva campaña.

La escasez de aceite de oliva sufrida en los últimos años como consecuencia de las fuertes sequías provocó un encarecimiento descomunal que colocó el oro líquido por encima de los 9 euros por litro en origen. Los valores fueron defendidos por los productores, que señalaban las dificultades para aprovechar la cosecha y el aumento de los costes de producción arrastrado desde el inicio de la guerra de Ucrania.

Ahora, la vecería del olivo y sobre todo, el cambio del tiempo, ha provocado una recuperación significativa en los cultivos. El aceite de oliva cerrará la campaña 2024/2025 con un aforo provisional superior a las 1,4 millones de toneladas –con la consecuente bajada de precios– y apunta a las 1,37 millones de toneladas para la temporada 2025/2026. Este impulso ha relajado los precios tanto en destino como en origen, aunque la caída ha sido denunciada como excesiva por el primer eslabón de la cadena al entender que los operadores pactan sus tarifas para hundir su factura en las almazaras.

El cambio de tendencia en la producción ha sido tan significativo que los olivareros llamaron la atención del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para pedir la activación del artículo 167 bis del reglamento comunitario 1308/2013 de la organización común de mercados (OCM) de los productos agrarios que consiste en la retirada obligatoria de aceite de oliva para equilibrar el mercado si la próxima campaña fuera especialmente abundante.

Esta solicitud, aceptada por el Gobierno y a la que solo se acudirá en caso de que la producción alcance, al menos, el 120 % de la media de las seis campañas anteriores, sin que pueda superarse el 20% de la producción estimada, ha sido rechazada frontalmente por la CNMC. «La normativa europea y nacional permiten estas medidas, pero la CNMC advierte que pueden ser perjudiciales para los consumidores (especialmente para los de rentas más bajas), y otros eslabones de operadores, como los distribuidores y exportadores, al encarecer los precios y reducir la variedad y calidad del producto», indica el organismo.

La sentencia de Competencia ha sido recibida con sorpresa en el olivar, ya que los productores defienden que la actuación contiene los precios y evita grandes oscilaciones que sacuden a los consumidores y consideran que la CNMC protege a la industria en contra de los intereses de consumidores y olivareros.

Juan Luis Ávila, responsable estatal de Olivar de Coag, ha señalado que la determinación de la CNMC deja en evidencia a quién sirve realmente esta institución: «Se trata de un organismo público que debería velar por la transparencia y el correcto funcionamiento del mercado. Con este comunicado, no sólo incumple su cometido, sino que lo pervierte: desprotege a los consumidores y da cobertura a quienes especulan con el aceite de oliva».

Los olivareros subrayan que la retirada obligatoria de producto del mercado está contemplada tanto en la normativa comunitaria como en la nacional (Real Decreto 84/2021), que se desarrollará con la nueva norma, y se activará únicamente en situaciones de sobreoferta. Se destaca que el objetivo no es encarecer el producto, como sostiene la CNMC, sino dotar de estabilidad al mercado, garantizando precios razonables para los consumidores y un mínimo de viabilidad para los productores.

«Muchos hogares se han visto obligados a dejar de consumir aceite de oliva por sus precios inasumibles. Esta renuncia no sólo afecta a la economía familiar, sino también a la salud pública, porque los consumidores han sustituido un producto básico y saludable por otros de menor calidad nutricional», destaca Ávila.

La organización agraria denuncia además que la CNMC no se pronuncia ni actúa frente a los desorbitados márgenes comerciales que se dan en el mercado, agravados en los últimos años. Cada mes, el Índice de Precios Origen-Destino elaborado por Coag muestra diferenciales de más de un 500 % entre lo que percibe el agricultor y lo que paga el consumidor en el lineal.

«Es vergonzoso que la CNMC arremeta contra una norma necesaria y beneficiosa, mientras guarda silencio ante los abusos que sí perjudican directamente a los consumidores. Con su postura, este organismo se quita la careta y evidencia que defiende intereses ajenos al bien común», el dirigente andaluz.