La maniobra del Gobierno asturiano para paralizar casi dos meses la caza de lobos en la región

Todo lo que rodea al lobo ibérico se ha convertido en uno de los asuntos con mayor repercusión del entorno rural en los últimos años.

La inclusión del depredador en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) en 2021 impidió, en contra la voluntad de los ganaderos, la caza del mamífero en toda España.

La prohibición impulsada por el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico que entonces encabezaba Teresa Ribera ha tenido fuertes repercusiones en los ecosistemas. En 2024, las cabezas de ganado muertas en Castilla y León aumentaron un 40 % respecto a 2021.

La recuperación del lobo y su impacto en la ganadería provocó que el Parlamento Europeo trabajase en la modificación del estatus de protección de los lobos en virtud de la Directiva Hábitats de la UE.

De esta manera, la UE cedía a cada Estado miembro las competencias para gestionar la población del can, algo que gracias a una enmienda a la Ley de Desperdicio Alimentario impulsada por el PP y respaldada por Vox, PNV y Junts en marzo dio luz verde a la caza del lobo, aunque por el momento solo al norte del río Duero y hasta que el Gobierno aplique la disposición transitoria única que permite la salida del Lespre en todo el territorio nacional.

Regiones con gran tradición lobera situadas al norte del Duero, como Cantabria, Asturias, Galicia o las provincias de León, Palencia, Burgos, y parcialmente Zamora y Valladolid, iniciaron desde el 20 de marzo los trámites para aferrarse a est vía que aportaba una solución a uno de los grandes quebraderos de cabeza de los ganaderos.

El Gobierno cántabro exprimió al máximo el cupo de extracción de lobos con un total de 41 ejemplares, mientras que el Plan de Gestión del Lobo de Asturias autorizó extracción de 53 ejemplares. La falta de transparencia en el Principado levantó las sospechas de los ganaderos, que reclamaron información al consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, que aseguró que «ya se han hecho extracciones de lobo en Asturias» y que «la situación de la especie es favorable».

El oscurantismo de Medio Rural hizo crecer la desconfianza entre los afectados, cuyas reclamaciones se han multiplicado después de que conocerse que la Consejería liderada por Marcos provocara durante casi dos meses –del 20 de junio y al 8 de agosto– la suspensión del programa de control del lobo por la falta de respuesta en plazo de a un recurso de reposición de Verdes por Asturias-Equo contra la resolución del 28 de abril con la que se aprobaron las actuaciones de control.

«La decisión de callarse y hacer como que aquí no pasaba nada y con suerte nadie se enteraba de la situación es inaceptable, opaca y profundamente lesiva para los ganaderos asturianos», ha condenado el diputado del PP de Asturias, Luis Venta, muy crítico con lo sucedido.

Venta ha reprochado a Marcos «seis meses de engaño y desinformación, de opacidad y falta de transparencia» en los que considera que el socialista ha expuesto a los ganaderos a daños irreparables mientras solicitaban actuaciones argentes. «Ahora, si Marcelino Marcos tiene un poco de respeto a los ciudadanos, debe explicar a todos los asturianos qué motivos han llevado a esta paralización y por qué no se ha informado ni a los ganaderos ni a las organizaciones agrarias», ha indicado.

Siete meses después de que Asturias tenga autorización para gestionar la población del lobo, poco ha cambiado en la región al respecto. «Este Gobierno sigue protegiendo al lobo frente a los intereses legítimos de nuestros ganaderos (...) El Ejecutivo de Adrián Barbón ha vuelto a dejar claro que es un Gobierno antiganadero y matavacas, más preocupado por contentar a los grupos ecologistas que por defender al campo asturiano», concluyó Venta.