Consumo se olvida de la denuncia por el fraude de los tomates del Sáhara etiquetados como marroquíes

Más de 100 días han pasado desde que COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) y la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU) denunciaran ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 un fraude masivo en el etiquetado de tomates cherry cultivados en el Sáhara Occidental.

La reclamación, pendiente de resolver, reprochaba que estas verduras se comercializaban con origen Marruecos pese a ser producidas en suelo saharaui, algo que declaró ilegal la justicia europea en su sentencia del 4 de octubre del 2024. Tal es el espacio de tiempo que ha transcurrido sin que la parte denunciante reciba ninguna novedad desde Consumo que la Comisión Europea ha impuesto un nuevo acuerdo Euromediterráneo con el vecino del sur que permite esta acción.

Según indican en conversación con El Debate fuentes implicadas en el caso, el Ministerio de Consumo no ha realizado ninguna comunicación sobre el asunto. «Nos sorprende esta tardanza de Consumo, que para otro asunto posterior, como las medidas urgentes por la situación en Gaza ha sido muy veloz», apuntan las fuentes consultadas, que en ningún momento ponen en entredicho el apoyo a los gazatíes, simplemente demandan atención.

La dejadez mostrada por el ministerio encabezado por Pablo Bustinduy con los tomates saharauis choca con la presteza exhibida por el ente para investigar a las empresas que operan en la franja de Gaza. El pasado 30 de septiembre, y en consonancia con las medidas aprobadas por el Gobierno contra el genocidio en Gaza y de respaldo a la población palestina, Consumo anunció que perseguiría «a empresas que publicitan en España servicios prestados o productos hechos en los territorios palestinos ocupados por Israel» al considerar que hay compañías que «se están beneficiando económicamente de la ocupación ilegal de estos territorios».

«Ni COAG ni CECU están en contra de esta asistencia a Palestina. La cuestión es que parece que la explotación marroquí de los terrenos del Sáhara Occidental, que se perpetúa desde hace décadas, no interesa en el Gobierno», señalan los afectados, que describen una actitud ministerial plagada de trabas desde la presentación de su denuncia el pasado 21 de julio: «Consumo nos exigió encontrar la misma irregularidad exactamente en el mismo producto y en varias comunidades autónomas. Es decir, lotes de tomates cherry de la misma marca, con el mismo peso y tamaño. No valía aportar pruebas de un paquete de tomates de 200 gramos y otro de 250 gramos».

La empresa en el foco por este supuesto fraude es Azura, una compañía de titularidad franco-marroquí con más de 400 hectáreas de invernaderos en producción en el Sáhara Occidental que comercializa tomates cherry en supermercados de Carrefour de España y Francia con la etiqueta de origen Marruecos.

La práctica denunciada por COAG y CECU –y sentenciada como ilegal por el TJUE en 2024– cuenta en la actualidad con el respaldo de la Comisión Europea, que ha actuado mediante procedimiento de urgencia para, sin pasar por el Parlamento Europeo, autorizar la modificación en el acuerdo UE-Marruecos que permite a la dinastía alauí explotar los recursos naturales del Sáhara Occidental. Las organizaciones profesionales agrarias españolas creen que la Comisión Europea habría trabajado en secreto con los Estados miembro y de espaldas al campo para asegurarse que este importante cambio sea ratificado por el Parlamento y el Consejo; sin embargo, los agrarios prometen agotar todas las posibilidades que permita al respecto la vía jurídica.

Menos complejidad que la que implica a al UE y Marruecos sobre el trato Euromediterráneo rodea a la acción en Consumo, aunque tal y como reclaman los afectados, los tiempos del Ministerio les hace ser muy pesimistas por el momento.