El acuerdo de la UE para explotar el Sáhara financiará 5.000 hectáreas de invernaderos del rey de Marruecos

El acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Marruecos que incluye los territorios del Sáhara Occidental admite que el bloque comunitario proporcionará financiación para desarrollar la agricultura en el suelo de la discordia.

El entorno saharaui, ocupado por la dinastía alauí desde 1975, se distingue como uno de los grandes intereses de Marruecos. El reino de Mohamed VI no se conforma con la explotación que hace del Sáhara Occidental desde hace décadas y planea expandir su potencial agrícola en la región costera de Dajla.

Las maniobras de Marruecos para imponer su soberanía en la zona cuentan con la colaboración del ente comunitario, que en su maniobra para modificar el trato con el vecino del sur y esquivar la sentencia del TJUE –que declara ilegal la inclusión de los productos cultivados en el Sáhara Occidental en el pacto– ha firmado su compromiso de respaldar económicamente proyectos que dispararán la productividad del reino.

Uno de los puntos aceptados por el Consejo de la UE señala que la Unión «proporcionará en primer lugar financiación a la región centrándose en sectores clave, como el agua, incluido el riego, la energía, la lucha contra la desertificación y la desalinización del agua, de conformidad con el principio de desarrollo sostenible», indica la propuesta de la Comisión a la que ha tenido acceso El Debate.

Este epígrafe comprendería el apoyo económico para macroproyecto que plantea Marruecos en el Plan Generation Green (2020-2030), una ambición de Mohamed VI para alcanzar una superficie de 5.000 hectáreas de invernaderos en el Sáhara Occidental. «Lo que ha hecho la UE en el acuerdo con Marruecos es absurdo. Cuando crees que no se pueden superar te topas con concesiones así», lamenta en conversación con El Debate José María Castilla, director de la oficina de Asaja en Bruselas, que incide en que la consecución de la estrategia marroquí multiplicaría por cuatro sus hectáreas en producción en el Sáhara Occidental y dinamitarían las producciones europeas.

«La UE hace casi imposible la producción a sus agricultores y permite a terceros países que entren en el mismo mercado pese a producir con estándares más bajos. Además de eso, la UE financia en este caso a Marruecos para que realice obras que aumentan su productividad y sus hectáreas en producción para continuar exportando a Europa y ganando cuota de mercado a países como España», indica Castilla, que hace referencia al desplazamiento como proveedores de tomate para el viejo continente.

La exportación de tomate desde España a la UE ha pasado de 786.599 toneladas en 2014 a 591.098 toneladas en 2024, (excluyendo al Reino Unido) reduciéndose un 25 %, mientras que las importaciones españolas de tomate de Marruecos han crecido un 269 % en el mismo período, pasando de 18.045 toneladas a 66.624 toneladas.

Las pretensiones de Marruecos en el Sáhara Occidental incluyen la construcción de una desaladora y un parque eólico a 75 kilómetros de la ciudad de Dajla para abastecer las 5.000 hectáreas de invernaderos mencionadas. Las autoridades magrebíes cifran la inversión en 170 millones de euros, 140 para la infraestructura hídrica y 30 para la energética, que en parte estarían levantadas con dinero de europeo. «¿Por qué no se hace ese proyecto en Almería? ¿No sería mejor destinar el dinero de los contribuyentes a un modelo europeo que es exitoso?», se pregunta Castilla.

La actuación de la Comisión Europea fue tramitada como procedimiento de urgencia para autorizar la implementación momentánea y transitoria del trato sin tener que pasar por el Parlamento Europeo; sin embargo, el acuerdo ha de ser ratificado tanto por el Consejo como por el Parlamento. Una moción presentada con éxito por Vox en el Congreso de los Diputados demuestra que todavía hay partido y que la UE puede encontrarse con el frenazo a su trato preferencial para Marruecos.

«Hay opciones reales porque muchos eurodiputados están enfadados por el secretismo de la Comisión al no haberles consultado anteriormente para tener la oportunidad de aceptar o no las modificaciones. Todos los representantes de Francia votarán a favor del acuerdo, pero no va a haber obligación de voto y cada uno de los eurodiputados votará lo que considere», sostiene Castilla, que explica que puede producirse un cambio de cromos de intereses para convencer a cada europarlamentario: «Yo voto lo que os conviene aquí, vosotros lo nuestro allí... Ahora los europarlamentarios tienen que trabajar en la sombra sí quieren bloquear el pacto».