La falta de compensaciones y el coste en la transmisión de tierras cierra la puerta del campo al relevo

«los ganaderos y los agricultores españoles tienen suficientes problemas de por sí. Necesitan ayudas y no más trabas». Esta es la reflexión que deja Juanjo Álvarez, director de Asaja, en conversación con El Debate para el serial 'El ahogo fiscal' en el que el diario pone el foco en la elevada carga impositiva sobre los trabajadores con varias informaciones y análisis.

El sector agrario goza, en consecuencia de sus particularidades, del Régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, que da mejores condiciones a los titulares de explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales o pesqueras que no hayan renunciado ni estén excluidos del mismo, aunque la estrategia deja algunas brechas, tal y como denuncian los afectados.

«Los empresarios que se pueden acoger a la estimación objetiva lo único que desean es que no se les toque prácticamente nada porque están satisfechos; sin embargo, en estimación directa sí que hay muchas objeciones al respecto», comenta Álvarez, que pide compensaciones para los agrarios que se someten al régimen de estimación, en muchos casos porque no hay otra opción, ya que para las explotaciones que superen los 250.000 euros de facturación únicamente está permitida la estimación directa.

«Hay que incrementar el límite para estar en el régimen de estimación objetiva, que solo está hasta en 150.000 euros y consideramos que actividades agrícolas, agrarias y forestales deberían tener 325.000 euros en volumen de ingresos límite», apunta Álvarez, que encuentra en falta de compensaciones, el coste en la transmisión de tierras, la brecha digital y el IVA alzado para ganaderos como los principales inconvenientes en la aplicación de la fiscalidad para el campo.

«Urge revisar el coste por la transmisión de tierras de padres a hijos. Antes mandaba la Ley de Modernización de explotaciones agrarias que incluía beneficios en los gastos notariales, en tasas y demás gasto. Ahora esto no existe y se dificulta la incorporación para los jóvenes a la empresa agraria. Hay que crear un entorno favorable para comenzar con la actividad», reclama el dirigente de Asaja.

En los últimos tres ejercicios, los agricultores han recibido bonificaciones por la adquisición de gasóleo y fertilizantes como consecuencia de la escalada de precios tras la pandemia y la guerra de Ucrania, algo que ya no estará disponible en las cuentas de 2025. La organización profesional agraria ahonda en que la caducidad de esta medida es incomprensible y consideran que es imprescindible que se mantenga en el tiempo la reducción del 35 % en la factura de gasóleo y del 15 % en fertilizantes.

Álvarez subraya el inconveniente que va a causar la entrada de Verifactu, un sistema de facturación electrónica verificado por la Agencia Tributaria (AEAT), diseñado para garantizar la integridad, trazabilidad y veracidad de las facturas emitidas por empresas y autónomos en España, como parte de la Ley Antifraude: «Entra en vigor en 2026 y, entre otras cosas, implica hacer una factura digital mediante código QR. Esto supone una barrera importante para un agricultor de cierta edad que trata de hacerlo desde su residencia en el campo», explica el director de Asaja, que destaca las complicaciones que añade la falta de cobertura y la brecha digital en este tipo de entornos, algo que a su juicio debería compensarse mediante una discriminación positiva en materia fiscal y de gastos: «No se puede pagar lo mismo por un kilovatio en el Paseo de la Castellana que en un pueblo de Ciudad Real».

La equiparación del régimen especial del IVA alzado ganadero, del 10,5 %, al 12,5 % del que perciben los agricultores, es otra de las reivindicaciones de Asaja. Los ganaderos están exentos de repercutir el IVA, lo que implica que luego no lo recuperan cuando lo hayan pagado por insumos básicos para la actividad, por lo que se compensa con un porcentaje sobre la venta de sus productos. La intención es que este 10,5 % sirva para que los titulares de las explotaciones ingresen un dinero más o menos equivalente al IVA que pagan a sus proveedores, por lo que exigen que se les iguale al 12 % que recuperan los agricultores.