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La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús MonteroEuropa Press

Serie 'El ahogo fiscal'

El ahogo fiscal de los españoles: los impuestos se comen hasta el 55 % del salario total, y 'machacan' sobre todo a los trabajadores

El Debate pone el foco en la elevada carga impositiva sobre los trabajadores en una serie de informaciones y análisis elaborados por sus mejores plumas económicas

Nada hay cierto en la vida, salvo la muerte y los impuestos. La frase, atribuida no sin discusión a Benjamin Franklin, cobra cada vez más sentido en España, donde la recaudación impositiva se ha disparado hasta niveles récords desde la pandemia, con 294.734 millones de euros en 2024, un 8,4 % más. La inflación, la no deflactación del IRPF y casi un centenar de subidas de impuestos y cotizaciones han elevado hasta niveles nunca antes alcanzados el peso de la recaudación tributaria sobre el salario completo de los trabajadores españoles, un fenómeno que El Debate abordará en detalle en los próximos días, en una serie titulada El ahogo fiscal, con sus mejores plumas económicas.

Según el Instituto Juan de Mariana, si se incluyen impuestos que impactan indirectamente sobre los ingresos, como el impuesto de Sociedades que paga la empresa empleadora, y la carga fiscal diferida a través del déficit y del endeudamiento, los españoles pagan en impuestos el 54,7 % de su salario completo. Si, como es más habitual, sólo se computan las cotizaciones, el IRPF y el IVA, el peso de la fiscalidad alcanza el 47,8 %.

Es decir, el Estado se queda prácticamente la mitad del coste laboral total. Otro dato demoledor: para que un trabajador pueda realizar un consumo de 100 euros, su empleador debe abonar 191,57 euros, resaltan desde la institución que dirige Manuel Llamas.

«Los impuestos afectan a las decisiones empresariales, la ubicación de las empresas, la creación y retención de empleo, la competitividad, la transparencia del sistema fiscal y la fortaleza de la economía a largo plazo. Pero por encima de todo, los impuestos reducen los beneficios de las empresas y la renta disponible de los contribuyentes», señala la economista Cristina Enache, que anualmente elabora el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal para la Tax Foundation de EEUU y la Fundación para el Avance de la Libertad.

Según Enache, «si los impuestos crecen, el coste se traslada o bien a los consumidores, a través de precios más elevados, o bien a los trabajadores, con sueldos mas bajos o menos puestos de trabajo, y a los accionistas a través de dividendos más bajos». La conclusión es que, según destaca, «un territorio con menores costes tributarios será más atractivo para la inversión empresarial y tenderá a experimentar crecimiento económico».

Uno de los indicadores clásicos para medir el nivel impositivo y comparar entre países es la presión fiscal. El Gobierno defiende que dicho indicador aún permanece por debajo de la media de los países europeos, en el 38 % frente al 41 %, lo que da margen para continuar elevando aún más los impuestos. Dicho indicador se calcula al comparar el dinero que recauda el Estado con el Producto Interior Bruto, pero queda desvirtuado en un país que, como España, tiene el desempleo más alto de Europa y un importante volumen de economía sumergida. De ahí que organismos como el Instituto de Estudios Económicos (IEE), el think thank de la CEOE, prefieran el concepto de presión fiscal normativa, que recoge la carga que el diseño fiscal introduce en las economías al margen de la recaudación generada.

«La presión fiscal normativa se puede calcular a partir del Índice de competitividad fiscal (ICF) que regularmente elabora la Tax Foundation norteamericana, y que determina si los sistemas fiscales son competitivos y respetan el principio de neutralidad», explican desde Funcas.

Entre 2019 y 2024 la presión fiscal normativa ha subido en nueve puntos, hasta un total de 117, y se sitúa un 17 % por encima de la media de la Unión Europea. La situación de España es, también, un 16,3 % peor que la del promedio de los países de la OCDE, que tiene 100,7 puntos, y muy alejada de las primeras posiciones que ocupan Estonia, Letonia y Lituania, según el IEE.

Desde la institución que preside Íñigo Fernández de Mesa, ex secretario de Estado de Economía; y dirige Gregorio Izquierdo, expresidente del INE, apuntan también al concepto de cuña fiscal. Este mide la diferencia entre el costo laboral total para el empleador y el salario neto que recibe el trabajador. Es decir, incluye tanto los impuestos como las cotizaciones sociales, que pagan tanto el empleado como el empleador. En España la media ronda el 40 % pero llega a alcanzar el 59,5 % para el caso de los salarios más altos, frente al 47 % de media en la OCDE.

Y es que una de las claves de la elevada carga fiscal que soportan los trabajadores españoles está en las cotizaciones sociales, un «brutal impuesto al trabajo» en palabras del economista José María Rotellar, director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria, pero que el Gobierno evita definir como impuestos. Las cotizaciones desvirtúan además de forma habitual las comparaciones de España con otros países europeos, dado que, por ejemplo, en países como Dinamarca no existen.

«Dinamarca tiene una presión fiscal aproximadamente siete puntos superior a España. Sin embargo, la cuña fiscal del trabajador medio danés, que tiene un salario un 80 % superior al del español medio, es cuatro puntos inferior a la del trabajador español. Es decir, el trabajador medio gana un 80 % más pero paga 4 puntos porcentuales menos de impuestos por su trabajo», resaltaba recientemente el experto en fiscalidad y análisis de datos Jon González en la red social X.

La explicación: Dinamarca recauda más por el trabajo porque hay más gente trabajando, con casi 12 puntos más de tasa de empleo. Además, la imposición laboral en Dinamarca se canaliza sobre todo a través del IRPF, mucho más alto que en España, en ausencia de cotizaciones sociales. «Y el IRPF lo paga todo el mundo. Pagan los desempleados, los pensionistas, pagan los rentistas... ¿Quién paga cotizaciones sociales? Solamente los trabajadores activos», abunda González.

El resumen: en España, los ciudadanos «activos» soportan la mayor parte de la carga impositiva del Estado. Son, por tanto, los que más presentes tienen en su día a día el viejo adagio frankliniano sobre la muerte y el fisco.

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