La AIReF alerta del descontrol en las bajas médicas, cuyo gasto se ha triplicado en siete años

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha dado un buen rapapolvo al Gobierno por las deficiencias de control y coordinación de la incapacidad temporal, una prestación cuyo gasto se ha triplicado desde 2017 y que ya supone el segundo mayor desembolso de la Seguridad Social, solo por detrás de las pensiones.

A raíz de la presentación de la segunda fase del Spending Review 2022-2026, la AIReF advierte que la gestión de las bajas médicas presenta una «deficiencia estructural» derivada de la separación entre quienes conceden la prestación –los médicos de atención primaria– y quienes asumen su coste –el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)–, una disfunción agravada por la organización descentralizada del sistema sanitario. Este diseño dificulta que se internalice correctamente el coste económico de las bajas y favorece el riesgo de sobreutilización y prolongación innecesaria de los procesos en ausencia de una supervisión eficaz.

El problema se ha intensificado por el deterioro de los indicadores. Entre 2017 y 2024, la incidencia de las bajas por contingencias comunes aumentó cerca de un 60 %, mientras que la duración media se incrementó un 15 %, especialmente en patologías de mayor coste, como los trastornos mentales y las enfermedades musculoesqueléticas. El resultado es un gasto que alcanzó los 16.500 millones de euros en 2024.

Por un lado, esto se debe al carácter procíclico de la incapacidad temporal, que tiende a aumentar en fases de expansión económica. Por otro, el repunte de la demanda sanitaria tras la pandemia y el impacto de las listas de espera del Sistema Nacional de Salud, que alargan los procesos de recuperación. A ello se suma una evolución normativa progresivamente más garantista desde 2018, que ha revertido restricciones previas y ampliado la protección económica durante las bajas.

En concreto, la restauración del complemento retributivo del 100 % para los empleados públicos en situación de incapacidad temporal elevó en torno a un 40 % la probabilidad de iniciar una baja. Asimismo, la transición desde contratos temporales hacia contratos indefinidos impulsada por la reforma laboral incrementó aproximadamente un 30 % la probabilidad de iniciar un episodio de IT.

La mitad de los sectoriales y casi dos tercios de los de empresa incluyen complementos que elevan la cobertura durante la baja

La evaluación también destaca el papel de los convenios colectivos, ya que la mitad de los sectoriales y casi dos tercios de los de empresa incluyen complementos que elevan la cobertura durante la baja, llegando en muchos casos a equiparar la prestación con el salario habitual.

Otro asunto es la elevada concentración de episodios en un grupo reducido de trabajadores con bajas reiteradas, junto con una concentración en procesos de muy corta duración. Aunque estos no generan gasto directo para la Administración, trasladan cada vez más costes a las empresas, que asumen los primeros días de prestación.

Por ello, la AIReF propone reforzar los mecanismos de información, supervisión y coordinación. La principal recomendación es desarrollar un sistema integrado de datos que permita la interoperabilidad plena entre el INSS, los servicios autonómicos de salud, las mutuas colaboradoras y las empresas. Este sistema incorporaría información detallada sobre el trabajador, el puesto de trabajo, la empresa y cada episodio de incapacidad, y se apoyaría en herramientas analíticas avanzadas capaces de estimar duraciones esperadas, detectar desviaciones y generar alertas tempranas.

La AIReF propone implicar de forma más activa a las grandes empresas, donde se concentra la mayoría de los casos

El organismo también plantea reforzar las capacidades del INSS para intervenir de manera más temprana y especializada en los procesos con mayores desviaciones, así como mejorar la colaboración con los médicos de atención primaria mediante herramientas digitales de apoyo a la decisión y mayor respaldo técnico de las inspecciones médicas.

Además, propone implicar de forma más activa a las grandes empresas –donde se concentra la mayoría de los casos– en la gestión responsable de la prestación y en la mejora de la salud laboral. Por último, recomienda abordar de forma específica la evaluación de las listas de espera del sistema sanitario, comenzando por mejorar la calidad y accesibilidad de la información disponible.

Ayuda al desarrollo

La revisión de la AIReF también incluye el análisis de la ayuda oficial al desarrollo, cuyo desembolso entre 2021 y 2023 ascendió a 10.847 millones de euros. Este organismo sitúa a España por debajo de la media de los países europeos del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, con una AOD equivalente al 0,24 % de la renta nacional bruta en 2023, frente al 0,37 % de media y lejos del objetivo internacional del 0,7 % fijado para 2030.

El organismo detecta carencias en previsibilidad financiera, gestión orientada a resultados, coordinación entre donantes y rendición de cuentas. Aunque reconoce que la cooperación española cuenta con un marco sólido, advierte de una brecha entre el diseño y la ejecución efectiva de los proyectos, y propone reforzar los sistemas de seguimiento, la interoperabilidad de datos y la planificación plurianual.

El Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal alcanzó un gasto como AOD de 808,8 millones de euros en 2022, en plena crisis derivada de la guerra en Ucrania. Según la evaluación, el 45 % de los beneficiarios trabaja cuatro años después de su entrada en el sistema, aunque con fuertes diferencias por país de origen y una concentración en sectores de baja cualificación. Parte de los solicitantes podría estar utilizando este procedimiento como vía de acceso al mercado laboral, por lo que la AIReF propone desarrollar canales específicos de migración laboral para racionalizar el sistema de acogida.

IMV

Respecto al ingreso mínimo vital, la AIReF constata que la prestación llega al 20 % de los hogares en situación de pobreza, aunque su diseño permitiría cubrir a más del 50 %. El IMV ha contribuido a reducir en un 30 % la brecha de pobreza, pero su impacto sobre la tasa de pobreza se ha limitado al 9,5 %.

El organismo advierte de debilidades estructurales, como la definición de la renta computable basada en los ingresos del año anterior, los problemas para acreditar automáticamente la unidad de convivencia y la escasa integración con las rentas mínimas autonómicas. También alerta del riesgo de desincentivos al empleo y de la elevada tasa de non take-up, que en 2024 se situó en el 55%, con cifras aún mayores en el complemento de ayuda para la infancia.

Así, propone la verificación automática de requisitos, la reformulación del incentivo al empleo para evitar trampas de pobreza y el refuerzo de las campañas de información y acompañamiento.