La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.
Díaz estudia dar a los trabajadores hasta la mitad de los asientos en los consejos de administración
Trabajo anuncia una ley que incluye también el acceso de los empleados a la propiedad de las empresas
Yolanda Díaz ha anunciado que impulsará una ley para aumentar la participación de los trabajadores en los consejos de administración de las empresas mediante umbrales mínimos basados en el tamaño de la plantilla. La propuesta plantea que un tercio de los puestos del consejo sea ocupado por representantes de los empleados en las compañías de entre 50 y 1.000 trabajadores, porcentaje que se elevaría hasta la mitad de las sillas en las grandes empresas con más de 1.000 empleados.
«Un tercio de nuestro día lo pasamos bajo techos sin control democrático», ha señalado Díaz este lunes durante la presentación del informe Dos promesas para quienes trabajan: voz y propiedad, elaborado por un comité de expertos a encargo de la propia ministra. Este documento señala que la gobernanza corporativa española ha desarrollado de forma muy limitada el mandato constitucional de promover la participación de los trabajadores en la empresa.
Por ello, propone introducir a los trabajadores en los órganos de gobierno de las compañías con umbrales mínimos basados en el tamaño de la plantilla. En concreto, plantea que un tercio de los puestos del consejo de administración sea ocupado por representantes de los empleados en empresas de entre 50 y 1.000 trabajadores, porcentaje que se elevaría hasta la mitad en las grandes corporaciones con más de 1.000 empleados.
Además, el documento sugiere establecer un acceso mínimo de los trabajadores a la propiedad de las empresas, con un umbral del 2 % que podría alcanzar el 10 % en el caso de las compañías de mayor tamaño.
Además, la comisión de expertos aboga por reforzar las normas de los comités de empresa, especialmente en lo relativo al derecho a la información y la consulta en los procesos de toma de decisiones. También propone crear un nuevo derecho para que estos órganos puedan configurar y dar su consentimiento al uso de herramientas de inteligencia artificial en las empresas, incluyendo la posibilidad de vetar su implantación si fuera necesario.
Ayudas públicas
Otra de las propuestas del informe es la creación de un «Índice de Desarrollo Democrático Corporativo», que mediría el grado de acceso de los trabajadores a la voz y a la propiedad en cada empresa. Este índice serviría como base para un sistema de incentivos y penalizaciones –tipo bonus/malus– que podría influir en el acceso a subvenciones públicas, beneficios fiscales, tipos impositivos corporativos o contratación pública.
Según los expertos del Ministerio, este marco permitiría avanzar de forma progresiva hacia mayores niveles de participación laboral y podría generar efectos económicos positivos, como un aumento de la inversión, los salarios y la actividad empresarial, así como una reducción del desempleo.
La reforma se aplicaría, en principio, a todas las empresas españolas, aunque se contempla una posible exención para las pymes de menos de 50 trabajadores; es decir, a prácticamente al 99 % del tejido laboral.
Exige a Cuerpo que rectifique
En otro orden, Díaz ha exigido a Carlos Cuerpo que rectifique su «error» con la reducción de jornada y apoye el nuevo registro horario. La titular de Trabajo ha señalado que Economía «siempre» estuvo en contra de la reducción de la jornadaque su departamento quería impulsar y que la Presidencia del Gobierno «hizo que esto cambiase».
«Creo que en Economía, en el fondo, siempre tienen un sujeto que les impulsa a tener una visión en contra de las cosas buenas de nuestro país, desde el salario mínimo, pasando por los erte, por la ley rider, por las trabajadoras del hogar. Con la reforma laboral, que casi rompemos el Gobierno varias veces. Siempre están en contra», ha expuesto.
Díaz ha reiterado que el nuevo registro horario era la «pieza clave» de la reducción de la jornada laboral y que desde Trabajo están aligerando su desarrollo normativo, algo que está «consolidado» y «aceptado» por el Partido Socialista. «Lo bueno es que somos hegemónicos. Después, el Partido Socialista acaba felicitándose de estos éxitos», ha añadido.