Temor en el campo a una carga burocrática desconocida tras unos cobros injustificados de la Seguridad Social

La confusión y la falta de transparencia se posa sobre unos pagos exigidos a agricultores y ganaderos que, en muchos casos, han conocido saldos a pagar cuando sus bancos ya habían ejecutado la orden procedente de la Seguridad Social.

La cuantía de estos cobros no es lo que más preocupa a los agrarios, ya que en alguno de los casos conocidos el importe es menor a un euro: a uno de los damnificados le han llegado 27 recibos de 0,21 euros en un mismo día, aunque también hay agrarios con recibos de 30 euros. La queja se fundamenta en las formas que reprochan al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

«Hay gente que sí ha recibido una comunicación por correo electrónico sobre la procedencia de estos cobros, aunque no la entienden, y la mayoría de las personas no tienen ninguna información sobre el concepto de este cargo», apunta en conversación con El Debate Ramón Solanilla, presidente de Asaja Aragón, lugar al que han acudido los afectados en busca de certezas sobre un pago hasta ahora desconocido.

«Nos hemos puesto en contacto con los responsables de Seguridad Social, que sostienen que estos pagos son ajustes respectivos a las cotizaciones de 2021. La explicación no es realmente clara y no nos sirve», señala Solanilla. Asaja ha remitido una carta a la Administración solicitando información detallada y urgente sobre el motivo de estos cobros, algo que previsiblemente quedará resuelto en una reunión con Seguridad Social antes de Navidad.

El oscurantismo que rodea a este pago traslada a los agrarios aragoneses a una experiencia reciente ejercida por el Ministerio de Hacienda, que el pasado julio comunicó por carta y sin previo aviso que el valor catastral de las parcelas con suelo rústico se había multiplicado de un día para otro, lo que tenía un efecto inmediato en el en el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles). Esta revisión al alza de las fincas fue también denunciada desde Asaja Aragón, que bautizó la jugada como 'El catastrazo'. El secretismo fue una de las claves más llamativa en este aumento del valor catastral: no se produjo en todas las fincas, solo en algunos municipios y los agrarios fueron incapaces de descubrir el patrón seguido por el Gobierno.

«Con los cobros de la Seguridad Social surgen preguntas que nos recuerdan al incremento del valor catastral. El sector teme que puedan deberse a algún cambio en los procedimientos o criterios de la Seguridad Social que no haya sido comunicado adecuadamente, lo que generaría una nueva carga burocrática e incertidumbre añadida para agricultores y ganaderos, quienes ya se enfrentan a un día a día marcado por trámites complejos y continuas exigencias administrativas», lamenta Solanilla.

Los productores identifican el exceso de carga burocrática como uno de los factores que más condiciona su actividad. «En un contexto en el que los profesionales del campo ya deben asumir numerosas gestiones telemáticas y trámites que dificultan su actividad diaria, resulta imprescindible que cualquier actuación administrativa que afecte directamente a sus cuentas y a la estabilidad de sus explotaciones se comunique con antelación, claridad y rigor», añade la delegación en Aragón de la organización profesional agraria en referencia a los cobros inesperados realizados por la Seguridad Social a agricultores y ganaderos.