La medida de la UE que entra en vigor el 1 de enero encarecerá los costes hasta 100 euros por hectárea

La inclusión de los fertilizantes en el CBAM (Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono), una herramienta que fija un precio al carbono emitido durante la producción de mercancías, trae consigo un encarecimiento de los costes fijos repelido desde las explotaciones.

La medida ordenada desde Bruselas –y enmarcada en el Pacto Verde– entra en vigor el 1 de enero de 2026 y repercutirá de manera directa en la cuenta de los agricultores.

El final del período transitorio fijado para su implementación obliga a que una vez que comience el nuevo año las empresas que hayan trasladado fuera de la UE producciones de mercancías intensivas en carbono pague por importarlas. El objetivo es reducir la fuga de carbono, que consiste en el traslado de las industrias emisoras de gases de efecto invernadero fuera de la UE para evitar normas más estrictas.

Los productores comunitarios apunta a un dumping climático que castiga su actividad y empodera la de terceros países, ya que en la UE hay que cumplir una normativa ambiental estricta que luego no se exige a los productos extracomunitarios que entran a competir en el mismo mercado sin una corrección equivalente.

Según la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, el golpe de esta imposición a los fertilizantes supondrá un sobrecoste de entre 40 y 100 euros por hectárea para algunos cultivos, dependiente de la tipología y del nivel de fertilización.

«Estos incrementos podrían suponer un impacto económico acumulado de entre 6.000 y 1.500 millones de euros al año, en un contexto en el que las explotaciones ya afrontan una fuerte presión de costes y una elevada dependencia de fertilizantes importados de terceros países», lamenta la organización, que se posiciona a favor una política climática ambiciosa, pero que tenga en cuenta la realidad económica del campo y no ponga en riesgo la viabilidad de las explotaciones agrarias: «De todas formas, lamentablemente, esto no es nuevo. No es la primera vez que desde Europa se establecen políticas sin estudios de impacto. Bruselas ya está cogiendo la costumbre de dispararse al pie», condenan.

Europa es deficitaria en fertilizantes y España, que destaca como una de las grandes potencias agroalimentarias del continente, sufrirá especialmente las consecuencias de este aumento. El peso de la inversión en fertilizantes es crucial para algunas producciones estratégicas del país como el cereal, el maíz, la remolacha azucarera, los forrajes o determinadas hortícolas intensivas, en los que este gasto adicional puede condicionar su viabilidad.

Esta subida de los costes en fertilizantes ligada a una cuestión normativa se suma a la provocada por los aranceles a los abonos rusos y bielorrusos. Solo en 2024, España importó alrededor de 400.000 toneladas de fertilizantes rusos, cifra que casi se ha duplicado en la última década. Las estimaciones señala que la barrera comercial inflaría entre 40 y 50 euros por tonelada el coste para los agrarios, a lo que desde el 1 de enero se sumarán entre 40 y 100 euros por hectárea por el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono.

«La transición climática es un objetivo compartido, pero no puede trasladarse de forma directa a los costes del sector agrario. El CBAM no se puede aplicar a los fertilizantes sin que previamente se garantice la plena previsibilidad de los costes y se establezcan medidas específicas de compensación para agricultores y ganaderos», indican en Unión de Uniones, donde advierten de que si que el margen de beneficios en origen se estrecha se dispara el riesgo de una caída de producción agroalimentaria en la UE, lo que tendría un impacto directo en el precio de la cesta de la compra.