Aceite de primer prensado en frío tras el primer filtrado

Aceite de primer prensado en frío tras el primer filtradoEuropa Press

La UE acusa a España de no controlar los contaminantes en el aceite de oliva importado de terceros países

El Tribunal de Cuentas Europeo destaca la ausencia de estas revisiones entre 2018 y 2023 por parte de las autoridades españolas

«Aunque la Unión Europea (UE) cuenta con normas exhaustivas para llevar a cabo controles de conformidad, los Estados miembros no las aplican íntegramente». Esta es una de las rotundas conclusiones del informe del Tribunal de Cuentas Europeo que insta a los países a mejorar las inspecciones en el aceite de oliva importado de terceros países, «no solo para proteger a los consumidores, sino también la reputación del aceite de oliva europeo».

La auditoría apunta que la UE importa el equivalente al 9 % de su producción anual de oro líquido y revela que, al menos entre 2018 y 2023, España no ha llevado a cabo evaluaciones de riesgo sobre estas compras a través de los puestos de control. «Además, no dispone de una evaluación de riesgos específica ni de un plan de control de las importaciones de aceite de oliva», reprocha el documento.

La UE, en referencia a España, destaca que los controles en relación con los plaguicidas y otros contaminantes del aceite de oliva importado de terceros países «son inexistentes».

El Tribunal de Cuentas Europeo ahonda en que España habría comenzado a aplicar estas inspecciones en 2023: «Las importaciones de aceite de oliva en España no se analizan sistemáticamente para detectar contaminantes. Entre 2018 y 2023, solo se analizaron tres muestras para detectar residuos de plaguicidas y 50 para buscar otros contaminantes», indica la información.

Según los datos del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa proporcionados a través de DataComex, desde 2018 hasta octubre de 2025, España ha importado importantes cantidades de aceite de oliva desde terceros países: 458.216,67 toneladas de Túnez, 59.933,11 toneladas de Turquía, 40.873,95 toneladas de Argentina, 35.649,06 de Siria y 35.439,83 toneladas de Marruecos, entre otros.

Dentro del período en el que no se vigilaron residuos de plaguicidas y contaminantes en el aceite de oliva, desde 2018 hasta 2023, el mayor proveedor del producto para España fue precisamente un país ajeno a la UE, Túnez, muy por encima de socios comunitarios de relevancia como Portugal e Italia, que suman desde 2018 hasta octubre de 2025 458.538,62 y 65.952,23 toneladas respectivamente.

Solo en 2020, año en el que según la UE España no aplicó ninguna medida para controlar contaminantes en el aceite de oliva importado de terceros países, la factura con Túnez fue de 128.048,38 toneladas; es decir, casi el doble de lo comprado a Italia en los últimos ocho años.

El análisis del Tribunal de Cuentas Europeo pone en valor el marco jurídico de la UE para confirmar que el aceite de oliva cumple las normas de su categoría y sus características correspondientes; sin embargo, insiste en la falta de acción de los Estados miembros para implementar las normas: «Los sistemas de control presentan algunas deficiencias, principalmente en lo que respecta a los contaminantes distintos de los plaguicidas. Nuestra auditoría también puso de manifiesto que los controles de trazabilidad no siempre permiten identificar el origen de un producto».

La investigación señala a España por realizar desde 2020 «muchos menos controles de categoría de los requeridos». Se trata de las revisiones que garantizan que el aceite de oliva que los consumidores pueden comprar en la UE no contiene otros aceites y que su calidad y pureza se correspondan con lo que figura en la etiqueta.

«Las autoridades españolas alegaron que el número mínimo de controles debía reducirse debido a las malas campañas de 2022/23 y 2023/24 y que era posible cubrir de manera suficiente una parte importante de la producción nacional inspeccionando únicamente a unos pocos operadores grandes», sentencia el Tribunal de Cuentas, que recoge que algunos de los Estados miembros visitados «no llevan a cabo el número mínimo de controles, realizan análisis de laboratorio incompletos o excluyen partes del mercado de sus análisis de riesgo».

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