El negocio detrás de arrancar olivos para instalar placas solares: «Viene de la época de Zapatero»

Dos olivos centenarios se mantienen en pie. A su alrededor, se acumulan varias hileras de los mismos árboles totalmente arrancados de la tierra, a los pies de la A-92 que une Sevilla con Almería a la altura de Trasmulas (Granada), muy cerca del río Genil. Del otro lado de la carretera, un mar metálico advierte una importante instalación fotovoltaica que evidencia el destino del territorio.

«No os podéis imaginar el dolor y la desolación que supone comprobar cómo nuestra generación ha sido capaz de talar árboles milenarios para poner placas solares (...) Cientos de árboles arrasados», lamenta desconsolada en un vídeo viralizado en redes sociales Pilar Esquinas, abogada especializada en Derecho del Agua y presidenta de Aguaiuris, la Organización de Usuarios y Consumidores de Agua.

La experta apunta en conversación con El Debate por qué es recurrente que este tipo de infraestructuras energéticas se levanten en suelo tradicionalmente empleado en la agricultura, tal y como sucede en los polémicos proyectos de judicializados en la provincia de Jaén: «Los derechos del agua son la clave. El objetivo es quedarse con los acuíferos que hay debajo. Cuando una empresa consigue este tipo de proyectos adquiere los derechos de uso industrial del agua tanto de la superficie como del subsuelo, por lo que compañías con un capital social de 3.000 euros se quedan con los derechos de agua que se comercializarán en unos años».

Esquinas incide en que el agua cotiza en el mercado futuros desde 2021 y en la entrada en funcionamiento del Banco Nacional del Agua a partir de 2030: «Se ha creado un mercado del agua en el que España está regalando sus derechos a sociedades anónimas vinculadas a fondos de inversión que los van a vender. El agua se ha gestionado históricamente en España de manera que todo el beneficio que generaba se destinaba a infraestructuras, pero cuando José Luis Rodríguez Zapatero es nombrado presidente del Gobierno en 2004 convierte esa tasa en precio con la Directiva Marco del Agua. La entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, fue clave para la activación del Banco de Agua a la que se acogió España y que ahora da lugar a la sustitución de explotaciones agrarias por instalaciones como los parques fotovoltaicos».

La abogada señala a Teresa Ribera, ministra para la Transición Energética y el Reto Demográfico entre 2018 y 2024, como una de las grandes valedoras de esta situación por dar autorizaciones ambientales en contra de la normativa para favorecer arbitrariamente el interés del promotor, aunque insiste en que «esto viene de la época de Zapatero».

La presidenta de Aguaiuris condena que esta práctica convierte el agua en una mercancía y no en una utilidad pública. «Los fondos de inversión se están quedando con el agua y ganando control», subraya Esquinas, que apunta la importante batalla judicial por estos casos: «Al ser asuntos energético y proyectos con expropiaciones a muchos años, los abogados tenemos mucho margen para activar revisiones de oficio y declaraciones de lesividad. El Convenio Internacional de Aarhus, que protege el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su salud y bienestar, permite que cualquier ciudadano -afectado o no-, puede activar la investigación y eso aporta trasparencia».

Las autorizaciones del proyecto de Trasmulas serían competencia de la Subdelegación del Gobierno en Granada, según indica Esquinas, que ahonda en que las licencias se tienen que entregar por perjuicio de terceros, por lo que también se podría emprender acciones contra los funcionarios tanto el Ayuntamiento como la Junta de Andalucía por prevaricación.

La directora general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica, Marta Gómez Palenque, y quien fuera su subdirector en tiempos de la ministra Teresa Ribera, Eugenio Domínguez, han sido imputados en el juzgado 41 de Plaza de Castilla por presunta prevaricación por este tipo de autorizaciones, tal y como adelantó El Mundo. «Si caen ellos caen todos», asevera Esquinas.

«Es horrible. Es una salvajada comprobar en directo de lo que hemos sido capaces», concluye el vídeo de denuncia con cientos de miles de visualizaciones de la abogada especializada en Derecho del Agua, que se desespera ante la destrucción del olivar tradicional: «Estamos entregando nuestro país para que fondos de inversión hagan negocio y nos arruinen. Hemos llegado a un momento que no nos importa ya nada, qué grave que España se haya regalado».