La Justicia europea puede suspender la aplicación provisional del acuerdo con Mercosur si un Estado lo pide

La partida por la aplicación provisional del acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur (Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil) está totalmente abierta.

La UE ha echado mano de todas sus armas para acelerar la ratificación del trato e imponer la aplicación circunstancial del apartado comercial sin pasar por el Parlamento Europeo –basta con el visto bueno obtenido en el Consejo–, aunque los grandes opositores al acuerdo guardan un as en la manga para atestar un golpe contundente a los intereses de la Comisión Europea.

La presión de los agricultores y ganaderos ha sido clave para que los eurodiputados traten de obstaculizar a la Comisión con la solicitud de un dictamen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre si la manera en la que se ha realizado el acuerdo con Mercosur es legal. Este movimiento no achicado a la Comisión, que desliza que implementará la aplicación provisional cuando un socio de Mercosur acepte en su Parlamento y sin esperar la opinión del TJUE –que puede tardar en pronunciarse hasta dos años–.

La UE tiene en su mano instaurar la aplicación provisional del tratado y, pese a la brecha que evidenciaría con el Parlamento, parece por la labor; sin embargo, tal y como ha podido saber El Debate, esto no supondría la entrada en funcionamiento inevitable del acuerdo provisional con Mercosur.

En caso de que la UE apueste por la aplicación provisional del acuerdo con Mercosur, el Tribunal General de la UE (TGUE) podría suspender el acto que da lugar a la validación del acuerdo si un Estado miembro lo solicita. Este acto sería la decisión del Consejo para acometer la aplicación provisional sin pasar por el Parlamento y la posterior firma con Mercosur.

Fuentes del TJUE consultadas por este periódico indicaron que las disposiciones relativas al procedimiento no contemplan el efecto suspensivo, únicamente se limitan a examinar los aspectos legales del acuerdo (su compatibilidad con los Tratados), así como que el Tribunal «no tiene competencia para hacer comentarios sobre la potencial aplicación provisional del acuerdo, cuestión que incumbe a las instituciones políticas competentes».

El TJUE recomendó redirigir la consulta al Parlamento Europeo, cuyas fuentes indicaron a este diario que la Justicia no podía actuar de oficio y por propia iniciativa, por lo que debería de haber un recurso de un Estado miembro con argumentos para frenar esta aplicación provisional.

Según recoge del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), uno de los integrantes de los 27 puede provocar que el TGUE impugne la aplicación provisional del acuerdo con Mercosur. El recurso se apoyaría en los artículos 263, 278 y 279 del TFUE, que permitirían «suspender el acto que da validación a la aplicación provisional de acuerdo», reafirma en conversación con El Debate Luis Rodrigo, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo.

El experto insiste en que la suspensión no recaería sobre el acuerdo, sino sobre el acto que daría lugar a la validación del acuerdo, por lo que antes de nada tiene que darse una aplicación provisional desde la Comisión Europea para desencadenar las acciones legales de un Estado miembro.

El artículo 263 del TFUE hace referencia a que el TJUE «será competente para pronunciarse sobre los recursos por incompetencia, vicios sustanciales de forma, violación de los Tratados o de cualquier norma jurídica relativa a su ejecución, o desviación de poder, interpuestos por un Estado miembro, el Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión», apunta la norma.

El artículo 278 de TFUE señala que la Justicia podrá, si estima que las circunstancias así lo exigen, «ordenar la suspensión de la ejecución del acto impugnado».

Esta interpretación de la ley que abre una vía para impedir la aplicación provisional de la alianza con Mercosur llena de esperanzas a los agrarios, cuyo pensamiento se centra en qué Estado miembro puede abanderar este recurso.

Francia y Polonia fueron los dos únicos países que votaron en bloque para consultar al TJUE la legalidad del trato, aunque fuentes presentes en Bruselas y conocedoras del pulso europarlamentario ahondan en que «no harán un recurso como país, mientras que en Hungría hay elecciones en abril y puede ser un tanto para acaparar el voto agrícola en unos comicios que se prevén ajustados».

«Hungría hará todo lo posible y no permitirá que la UE acepte el acuerdo de libre comercio del Mercosur con los países sudamericanos», ha defendido esta misma semana István Nagy, ministro de Agricultura húngaro, en un vídeo compartido en redes sociales.

«Hay una clara intención de impugnar», reconocen desde las organizaciones profesionales húngaras, que como los cientos de miles agricultores europeos que han protestado contra el acuerdo, confían en que esta movilización sin precedentes haga recapacitar a la institución continental para reformular el pacto con Mercosur que el campo repele por facilitar la entrada de productos agrícolas y ganaderos elaborados con menores exigencias medioambientales, sanitarias y laborales.