La Justicia apunta que las licencias para poner placas solares en el olivar de Jaén se dieron en fraude de ley

Un auto del Tribunal de Instancia número 2 de Andújar (Jaén) apunta a que las licencias para los parques fotovoltaicos proyectados sobre un terreno con olivos centenarios en las localidades jienenses de Lopera, Marmolejo y Arjona presentan irregularidades «idénticas» a las que llevaron al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a declarar, en julio de 2025, la anulación de una megaplanta similar en Bujalance y Montoro (Córdoba) por fraude de ley.

La jueza ha destacado en un auto del 26 de enero que los proyectos cuentan con una fragmentación artificial de un gran proyecto energético en varios —todos con una potencia instalada de menos de 50 MW—, para eludir trámites de vigilancia ambiental y sortear la competencia estatal.

«Las autorizaciones sectoriales y ambientales concedidas por la administración autonómica están en fraude de ley y son nulas de pleno derecho, ya que fragmentando un gran proyecto en varios evitan que el Ministerio para la Transición Ecológica los supervise, por ser inferiores a 50 MW, e impiden una Evaluación Ambiental Ordinaria Conjunta que analice el impacto global sobre el ecosistema y la economía agrícola del territorio», ha indicado Margarita Fernández, presidenta de Ecología y Libertad (E&L), la asociación que junto a SOS Rural y la Plataforma Campiña Norte contra las Megaplantas se han rebelado contra las intenciones de Greenalia S.A., la empresa que busca el arranque de los olivos para poder utilizar ese suelo agrario fértil como parque fotovoltaico.

Natalia Corbalán, portavoz nacional de SOS Rural, advierte que «autorizar los parques solares y su línea de alta tensión, aun siendo conocedores de que están bajo un fraude de ley, es consolidar un acto ilegal que puede suponer nuevas responsabilidades penales y patrimoniales para los cargos públicos y generar un impacto económico devastador para las arcas de los ayuntamientos implicados».

La magistrada resalta que los proyectos omiten la protección de especies animales vulnerables y que adolecen de anomalías en la tramitación de los expedientes fotovoltaicos, que vulneran los principios administrativos y perjudican a los agricultores. «No estamos hablando de errores técnicos, sino de irregularidades conocidas y advertidas con anterioridad, por lo que resulta imprescindible adoptar medidas cautelares para evitar daños ambientales y económicos irreparables», señala Ana Rocío Ruiz, abogada de Campiña Norte contra las Megaplantas Solares.

La decisión sobre este caso no corresponde al Tribunal de Andújar, que ha derivado la responsabilidad a la jurisdicción contencioso-administrativa; sin embargo, los denunciantes han interpuesto un recurso ante la Audiencia Provincial de Jaén al considerar que los hechos podrían constituir delitos contra el medio ambiente y prevaricación administrativa.

Los defensores del olivar sostienen que los ayuntamientos de Lopera, Arjona y Marmolejo y sus ediles, en caso de aprobar las licencias para estos proyectos, podrían tener que enfrentar a indemnizaciones millonarias ya que, si se anulan, las promotoras exigirán a los pueblos la devolución de toda su inversión. Además, pueden incurrir en responsabilidad patrimonial «inversa», ya que los agricultores afectados podrán reclamar indemnizaciones por el funcionamiento anormal de la administración local. «El ayuntamiento podría ser obligado a asumir los costes de restauración, costeando la demolición de los parques solares, de sus líneas de evacuación y la reparación de los daños ambientales irreversibles», aseveran desde E&L, SOS Rural y Campiña Norte.