Los defensores del olivar denuncian amenazas de la empresa que proyecta parques fotovoltaicos en Jaén

Greenalia S.A., la compañía que aterrizó en la Campiña Norte de Jaén con el objetivo de levantar nueve proyectos fotovoltaicos sobre terreno dedicado al olivar, ha enviado un burofax a Natalia Corbalán, portavoz Nacional de SOS Rural, para que cese su activismo para impedir la instalación de las placas solares en suelo agrícola productivo.

La empresa dedicada a la producción de energía renovable, cuyo interés se localiza en los campos de Lopera, Arjona y Marmolejo (Jaén), se habría dirigido a Corbalán a través de un burofax firmado por Manuel García, consejero delegado de Greenalia, para advertir que «cualquier nueva manifestación, por mínima que sea, será considerada una reiteración dolosa y dará lugar, de forma inmediata y sin más requerimientos, al ejercicio acumulado de acciones civiles, con reclamación económica completa por daños reputacionales y patrimoniales; acciones penales como persona física y acciones complementarias, frente a la asociación que preside».

Esta comunicación ha sido recibida por SOS Rural como «una amenaza judicial con el objetivo de amedrentar, coartar y desincentivar la legítima defensa del interés colectivo o la intervención pública en la evaluación de proyectos empresariales de impacto social relevante».

SOS Rural, Asociación Ecología y Libertad (E&L) y la Plataforma Campiña Norte contra las Megaplantas lideran la causa judicial frente a la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Lopera (Jaén) por la concesión de autorizaciones para instalar proyectos fotovoltaicos en supuesto fraude de ley para evitar que el Ministerio para la Transición Ecológica los supervise al ser inferiores a 50 MW.

Corbalán ha respondido a Greenalia S.A. con otro burofax en el que recalca que el requerimiento «es un intento de restringir derechos fundamentales» y que «carece de base jurídica suficiente». La portavoz de SOS Rural ha solicitado a la energética que, en adelante, «toda comunicación y requerimiento se formule en estricto respeto a los derechos fundamentales de participación e información y absteniéndose de amenazas de acciones judiciales infundadas».

SOS Rural sostiene que la impulsora de los proyectos fotovoltaicos «invita por última vez» a Corbalán a que «cese de manera inmediata y definitiva en cualquier manifestación, declaración o difusión pública que atribuya a Greenalia S.A. actuaciones ilegales o contrarias a la ley (...) se abstenga absolutamente de volver a emplear términos como 'ilegal', 'fraude' o análogos respecto de proyectos válidamente autorizados y no anulados por resolución judicial firme».

Los defensores del olivar argumentan que ya existen sentencias judiciales previas favorables a sus argumentos para evitar el arranque de olivos en favor de placas solares, como la del TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) del pasado 15 de julio, en la que se anulaba la construcción de las plantas fotovoltaicas en los municipios vecinos de Bujalance y Montoro, confirmando la nulidad de este tipo de proyectos por vulnerar la legislación ambiental.

El burofax remitido por Greenalia «advierte de forma expresa, formal e inequívoca de que la imputación pública de conductas ilegales inexistentes constituye una intromisión legítima grave en el derecho al honor y al prestigio empresarial, generadora de responsabilidad civil directa, con obligación de indemnizar íntegramente los daños y perjuicios causados, incluidos los reputacionales, económicos y contractuales».

La portavoz de SOS Rural señala que el movimiento de la energética podría ser calificado «como una represalia o intento de silenciar el debate social y ciudadano sobre el impacto de proyectos concernientes al interés común», por lo que a su juicio sería contrario a las garantías constitucionales y a la prohibición de represalias reconocida por la legislación vigente.

«No se ha efectuado ninguna atribución falsaria de hecho delictivo», defiende Corbalán, que asevera que las declaraciones públicas «han consistido en valoraciones o críticas de interés legítimo colectivo, protegidas por el derecho a la libertad de expresión, basadas en información objetiva y contrastable y realizándose siempre de manera prudente».

Greenalia S.A. avisa de que «la cobertura asociativa no excluye la responsabilidad personal, y usted –en referencia a Corbalán–, como autora, portavoz y responsable última de las manifestaciones difundidas, podrá ser llamada a responder personalmente, tanto en la vía civil como penal»; sin embargo, SOS Rural ahonda en que el burofax en ningún momento concreta qué publicaciones se entienden falsas, ofensivas y lesivas, lo que evidencia que estas manifestaciones están amparadas por el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión y de información.