Ofensiva judicial de los defensores del olivar para parar la instalación de placas solares en suelo agrario

La batalla de SOS Rural, Asociación Ecología y Libertad (E&L) y la Plataforma Campiña Norte contra las Megaplantas Solares llevará al Ayuntamiento de Lopera (Jaén) y a la Junta de Andalucía a los tribunales por la concesión de autorizaciones para instalar proyectos fotovoltaicos en supuesto fraude de ley para evitar que el Ministerio para la Transición Ecológica los supervise al ser inferiores a 50 MW.

La alianza, que defiende la protección del olivar tradicional frente a la construcción de parques fotovoltaicos en terreno agrario fértil, ha interpuesto sendos recursos contencioso-administrativos, uno contra la Junta de Andalucía y otro contra el Ayuntamiento de Lopera (Jaén), tras las últimas decisiones adoptadas por ambas administraciones referentes a los proyectos fotovoltaicos «que afectan al municipio loperano y que suponen la tala de miles de olivos».

Los denunciantes recalcan que las autorizaciones sectoriales y ambientales concedidas por la administración autonómica son nulas de pleno derecho. «Existe una fragmentación artificial de los proyectos para esquivar la competencia estatal por ser inferiores a 50 MW y así impedir someterse a una Evaluación Ambiental Ordinaria Conjunta que analice el impacto global sobre el ecosistema y la economía agrícola de Lopera», explica Margarita Fernández, presidenta de Ecología y Libertad.

Natalia Corbalán, portavoz nacional de SOS Rural, señala que ya existen sentencias judiciales previas favorables a sus argumentos en casos muy similares. «Somos muy optimistas respecto a la paralización del proyecto. La Campiña Norte de Jaén no es un solar industrial, es tierra fértil de alto valor productivo, garantía de nuestra soberanía alimentaria y sustento de miles de familias, y no vamos a permitir que se sacrifique en beneficio de intereses especulativos privados», defiende Corbalán, que carga contra el «fraccionamiento artificioso» del que acusan a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Lopera con el fin de construir un macroproyecto energético sin someterse a los controles ambientales esenciales.

Los dos recursos contencioso-adminitrativo han sido presentados el 16 y el 28 de enero contra la Junta de Andalucía y contra el Decreto número 2025-572, suscrito por Carmen Torres, alcaldesa del Ayuntamiento de Lopera. La acción que afecta a la Junta se centra en la Resolución de la Consejería de Industria, Energía y Minas que rechaza admitir a trámite la solicitud de revisión de oficio formulada por la alianza frente a varios proyectos fotovoltaicos, mientras que el recurso al Ayuntamiento de Lopera apunta al decreto que deja sin efecto la suspensión provisional anunciada hasta que se resolvieran los expedientes de licencia de obras que había sido acordada mediante Decreto de esta alcaldía.

El Consistorio loperano levantó la suspensión que pesaba sobre las licencias de obra vinculadas a los proyectos fotovoltaicos, permitiendo así la tramitación inmediata de esas licencias. «Este levantamiento es prematuro, arriesgado y jurídicamente insostenible, porque se produce sin que se hayan resuelto las serias dudas sobre la legalidad de los proyectos y mientras existen procedimientos judiciales en curso, lo que supone abrir la puerta a daños irreparables para el territorio», avisa Fernández.

SOS Rural y E&L profundizan en su ofensiva judicial, enmarcada en la macrocausa legal impulsada en toda España contra las instalaciones fotovoltaicas que afectan a terrenos de cultivo. Para SOS Rural, estas acciones judiciales tienen un alcance que trasciende el municipio jienense. «Lo que está en juego no es solo Lopera. Está en juego el derecho de todos nuestros pueblos a decidir su futuro, el respeto al paisaje, a la agricultura y a la forma de vida rural», defiende Corbalán, que el mismo patrón de implantación de megaproyectos energéticos sobre territorios agrícolas productivos se repite en variar regiones, como Murcia, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, Aragón o Castilla y León.

«La transición energética es necesaria, pero no puede hacerse contra el mundo rural ni a costa de destruir los suelos que nos alimentan. Renovables sí, pero con ley, con planificación y con respeto a las personas y al territorio», concluye la portavoz nacional de SOS Rural.