Imágenes de campos de olivos en las sierras andaluzas
La guerra entre olivos y placas solares entra en el escenario judicial «ante la inminente tala»
Los denunciantes insisten en que existes «graves vulneraciones de la normativa ambiental y urbanística» en la autorizaciones concedidas
La batalla que enfrenta a SOS Rural y la Asociación Ecología y Libertad (E&L) con el Ayuntamiento de Lopera por la instalación de un parque fotovoltaico en terrenos agrarios destinados al olivar tradicional entra en una nueva fase.
Las idas y venidas del consistorio loperano han provocado que la alianza que se ha erigido como salvadora del olivar pase a la acción. La alcaldesa de Lopera, Carmen Torres, prometió en octubre no conceder más licencias de obra que daban lugar a estas instalaciones energéticas hasta que resolvieran los recursos interpuestos a las Consejerías de Industria y de Medio Ambiente; sin embargo, el 2 de diciembre y después de unas maniobras sospechosas que ya advirtieron del posible movimiento, un decreto municipal emitido por Torres levantaba la suspensión de las licencias de obra de obra de las plantas fotovoltaicas después de que la Junta de Andalucía inadmitiese los mencionados recursos de revisión.
El rechazo a la petición de nulidad de las autorizaciones para las infraestructuras que afectaban a Lopera, Marmolejo y Arjona se sostenía en que se habían otorgado en fraude de ley, ya que fraccionaban un megaproyecto en varios –todos con una potencia instalada de menos de 50 MW– para esquivar la competencia estatal en su aprobación sectorial y evitar realización de una evaluación ambiental ordinaria conjunta de todos los proyectos y así ahorrar en plazos y burocracia.
«La alianza no se va a quedar de brazos cruzados ante la tramitación de estos proyectos, en la que existen graves vulneraciones de la normativa ambiental y urbanística, que ha abierto el camino hacia la inminente e irreparable tala de los olivos tradicionales de Lopera», asegura Natalia Corbalán, portavoz nacional de SOS Rural.
Esta unión ha intensificado sus demandas con la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la Junta, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), por la inadmisión de los recursos de revisión presentados por SOS Rural y por E&L a las Delegaciones de Medio Ambiente e Industria de la Junta de Andalucía en Jaén.
«Las autorizaciones sectoriales y ambientales concedidas por la administración autonómica son nulas de pleno derecho, ya que existe una fragmentación artificial de los proyectos para eludir la competencia estatal, evitando que el Ministerio de Transición Ecológica los supervise por ser inferior a los 50MW, y para eludir una Evaluación Ambiental Ordinaria Conjunta, impidiendo un análisis global del impacto de estos parques sobre el ecosistema y la economía agrícola de Lopera», argumenta Margarita Fernández, presidenta de E&L.
La contienda de los defensores del olivar apunta también a la responsabilidad personal de los regidores por sus actuaciones. SOS Rural y E&L han recurrido también en sede judicial, mediante la interposición del oportuno recurso ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Jaén, el decreto emitido el pasado 2 de diciembre por la alcaldesa Torres por el que levanta la suspensión de las licencias de obra de las plantas fotovoltaicas.
«Este levantamiento, prematuro y arriesgado, se produce sin que se hayan resuelto las dudas técnicas sobre la legalidad de los proyectos y abre el camino para que comience ya la tala de olivos», afirma Fernández, que recuerda que si el TSJA les da la razón y anula los proyectos el Consistorio tendrá que responder con su patrimonio a las más que probables reclamaciones de Greenalia, la empresa promotora.
El TSJA —el mismo tribunal ante el que se ha interpuesto el recurso contencioso-administrativo contra la Junta— ya se pronunció, el pasado 15 de julio, sobre un caso idéntico en los municipios vecinos de Bujalance y Montoro, anulando la construcción de las plantas fotovoltaicas que se están desarrollando allí y confirmando la nulidad de este tipo de proyectos por vulnerar la legislación ambiental. «La Justicia no puede permitir que se consume un fraude de ley que condena a la desaparición a miles de olivos productivos, irremplazables, causando un daño irreparable al patrimonio natural y económico», defiende Corbalán, que justifica la causa en una cuestión de principios que se sitúa por encima del número de olivos afectados, sean 10, 10.000 o 30.000.
