Robar en el campo sale más caro para los cacos: las penas de cárcel serán automáticas

La interminable lista de incertidumbres que acompañan las labores diarias en el campo añaden el temor a los amigos de lo ajeno.

El recuento de ganado que no sale, el cordero que «he perdido», los sospechosos árboles desnudos o, directamente, el despertar con un destrozo que agujerea cualquier expectativa de beneficio en la explotación.

Estas situaciones llegan a ser habituales en algunas zonas rurales en las que la menor presencia policial y la poca contundencia de las penas hacen de las empresas agrarias el blanco idóneo para los cacos.

La acción de agricultores y ganaderos, intensificada en los últimos ante el incremento de los insumos y por tanto de los costes fijos para su actividad empresarial, ha provocado un cambio trascendental para sus intereses. Desde el 10 de abril de 2026, las ley será más severa con los malhechores y quienes acumulen tres delitos de hurto, aunque sean de pequeña cuantía, podrán enfrentarse a penas de prisión de seis meses a dos años.

La entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2026 endurece las penas por hurtos en explotaciones agrarias y, entre las novedades clave, se plantea para acabar con la multirreincidencia y los antecedentes por delitos leves empezarán a computar.

Esta implementación abre un nuevo contexto para los afectados, que hasta ahora optaban, en muchas ocasiones, por ni siquiera denunciar, ya que consideraban que su reclamación iba a servir de nada debido al pequeño valor sustraído, pero que repetido con frecuencia termina por causar un importante perjuicio.

Maquinaria, gasóleo, cableado, sistemas de riego, motores y hasta ganado y las propias cosechas aparecen cada año en el foco de los ladrones del campo, que a partir de ahora se enfrentarán a hasta tres años de presión con cualquier robo que supere los 400 euros en una explotación agraria si existen antecedentes por al menos tres delitos similares, según la reforma del artículo 235.1.4º del Código Penal

Con esta modificación normativa, ya no es necesario acreditar el daño o perjuicio causado, lo que supone un avance significativo en la lucha contra los delitos agrarios.

«La reforma es un paso decisivo para acabar con la sensación de impunidad que durante años hemos sufrido agricultores y ganaderos (...) Se ataca de raíz a los reincidentes, a los que entran una y otra vez en las explotaciones sabiendo que no pasaba nada. Es una demanda que llevábamos años exigiendo», destacó Emilio Cepeda, presidente de Asaja Ciudad Real, una de las provincias en las que estos casos se dan con recurrencia.

Los agrarios consideran que esta variación legal es fundamental para frenar la actividad de bandas organizadas que operan en el medio rural y que han causado importantes pérdidas económicas y daños en las explotaciones, aunque desde las organizaciones profesionales agrarias exigen mayor presencia policial en el campo, así como animan a denunciar siempre para acabar con la problemática.

«Si no hay medios, no hay solución. Necesitamos más Guardia Civil en el campo, más vigilancia y una justicia ágil. De nada sirve una buena ley si luego no se aplica con contundencia (...) Denunciar es clave. Sabemos que muchos agricultores no denuncian porque piensan que no sirve de nada. Pero ahora más que nunca es fundamental hacerlo. Solo así podremos acabar con esta situación y defender nuestro trabajo», concluyó Cepeda.