Lobo ibérico en Robledo de Sanabria, en la Sierra de la Culebra
Los ecologistas acusan a las comunidades de «manipulación política» por aplicar la ley con el lobo
El discurso choca con la situación que denuncian desde las explotaciones los ganaderos, principales afectados por la expansión del depredador
Ecologistas en Acción ha lanzado un ataque a las comunidades de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León, que exigen al Gobierno de Pedro Sánchez el envío del informe sexenal sobre el estado de conservación del lobo a la Comisión Europea, al considerar que cometen una «manipulación política» al evaluar la situación del depredador.
La organización se escuda en que el retraso del Ejecutivo, por el que la Comisión Europea ya ha abierto un expediente de infracción contra España, pretende evitar supuestas «incoherencias, errores y problemas metodológicos» en la recopilación de datos de las comunidades, a las que acusan de pretender «subordinar» un informe científico a «intereses políticos».
Los ecologistas inciden en que Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León buscan construir «artificialmente» un escenario favorable para facilitar futuras políticas de control letal del lobo; mientras que las comunidades insisten en que la acción del Gobierno –y que respalda la organización mencionada– es una una maniobra para para evitar la aplicación de la disposición transitoria única que permitiría la salida del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) y por tanto su gestión en todo el territorio nacional y no solo al norte del río Duero, como sucede actualmente.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y Ecologistas en Acción trasladan que los datos de las regiones «invisibilizan de manera sistemática la mortalidad por extracciones letales de lobos» realizada por distintas comunidades autónomas tras la salida del Lespre al norte del Duero, así como las pérdidas por los incendios forestales de verano de 2025.
La organización ha subrayado que «la ciencia de la conservación no puede ponerse al servicio de intereses políticos espurios y cortoplacistas».
«Manipular artificialmente el estado de conservación del lobo para justificar su persecución supone una desnaturalización grave de los mecanismos científicos previstos en la Directiva Hábitats», ha afirmado el coordinador del área de Conservación de la Naturaleza de Ecologistas en Acción, Theo Oberhuber.
Este discurso choca con la situación que denuncian desde las explotaciones los ganaderos, principales afectados por la expansión del lobo ibérico. Provincias como Ávila, Salamanca o Segovia, que en 2024 sufrieron el 60 % de ataques mortales a reses en Castilla y León –2.387 de 3.973 en toda la región, siguen sin herramientas para protegerse del crecimiento de la población lobera.
