La UE puede mantener sine die la aplicación provisional del acuerdo con Marruecos sin pasar por el Parlamento

El Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea (UE) y Marruecos funciona de forma provisional desde que, en octubre de 2025, la Comisión introdujo una modificación en el texto para así cumplir con la sentencia del 4 de octubre de 2024 del Tribunal de Justicia de la UE.

La resolución declaró ilegal la inclusión de los cultivos del Sáhara Occidental en la preferencia comercial otorgada al reino de Mohamed VI, por lo que la UE trazó un laberinto legal para mantener en marcha el trato que favorece la ocupación ejercida por el vecino del sur desde 1975.

La maniobra se fundamentó en un supuesto consentimiento implícito del pueblo saharaui para explotar su suelo. La Justicia Europea señala como 'pueblo del Sáhara Occidental' a los actuales habitantes del territorio, no a las personas que se han dispersado desde hace más de 50 años, la mitad de ellas -unas 170.000– en los campamentos de refugiados en Tiduf (Argelia).

El matiz del consentimiento implícito es clave porque el Consejo de la UE entiende que éste se da siempre que el acuerdo «no de lugar a ninguna obligación para dicho pueblo y que este obtenga un beneficio específico, tangible, sustancial y verificable de la explotación de los recursos naturales del territorio, proporcional al grado de dicha explotación». Además, el documento al que ha tenido acceso El Debate precisa que la expiración del acuerdo UE-Marruecos aplicado provisionalmente desde hace un año supondría un perjuicio para los saharauis, ya que el acceso preferencial de frutas, hortalizas, pescados y mariscos para el Sáhara contribuye a sostener la economía local, de ahí que se otorgue ese «consentimiento implícito».

La estrategia del Consejo sirvió para salvar la vigencia de la alianza, algo imprescindible para la institución que preside Antonio Costa, que ejecutó la acción de esta manera para eludir el control democrático del Parlamento Europeo. La legislación del bloque obliga a una ratificación de la Eurocámara; sin embargo, la aplicación provisional –que no es definitiva hasta aceptarse en el Parlamento– puede permanecer en ese estado «todo el tiempo que el Consejo considere».

Así lo confirman fuentes de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural (DG Agri) y de la Dirección General de Comercio y Seguridad Económica de la Comisión Europea (DG Trade) consultadas por El Debate: «La modificación implementada en la renovación del acuerdo de la UE con Marruecos puede permanecer sin ratificarse el tiempo que el Consejo considere. El acuerdo está en vigor y no hay un límite para la ratificación, puede seguir así durante años», aseveran en la Comisión.

La tajante respuesta de DG Agri y DG Trade confirma una primera consulta en el Parlamento Europeo, en la que se indicó a este diario que «en los textos legislativos no hay ninguna alusión a que la aplicación provisional tenga límite», aunque para confirmar que la UE puede mantener sine die la aplicación provisional del acuerdo con Marruecos sin pasar por el Parlamento, se invitó a una consulta con la Comisión, «que tiene la competencia de la política comercial de la UE».

La ratificación del acuerdo entre la UE y Marruecos continúa en el aire por la desconfianza del Consejo a obtener el respaldo de los eurodiputados. La Eurocámara, tal y como informó El Debate en junio de 2026, duda sobre la legalidad argumento utilizado por la Comisión Europa para añadir los cultivos del Sáhara a la preferencia comercial, lo que reduce el interés del Consejo por acelerar el expediente. A esta desconfianza se ha sumado recientemente las consecuencias por la invasión de Ceuta, que puede ser letal para los intereses de Marruecos y desembocar en una suspensión del partenariado.

En Bruselas destacan que lo ocurrido en la ciudad autónoma –calificado como una agresión a la frontera europea– tendrá efecto en arco parlamentario, por lo que se prevé una ratificación más que ajustada, aunque el Consejo puede dilatarla el tiempo que quiera.

Una votación paralela realizada en Estrasburgo el 26 de noviembre de 2025 buscó impedir que la normativa europea permitiera la desaparición del origen saharaui en el etiquetado de los productos agrícolas del acuerdo con Marruecos. La moción del PP fue apoyada por Vox y apoyada por el PSOE, aunque hubo más de 60 eurodiputados del PPE y 50 de Patriots de otros países, principalmente alemanes y franceses, que permitieron la maniobra, por lo que de producirse alguna variación en el sentido del voto como se ha advertido habría margen para la suspensión.