La Policía Judicial precinta el CNIO tras la denuncia de un presunto robo de 25 millones de euros

Una unidad de la Policía Judicial ha precintado y clausurado varios almacenes ubicados en la planta -4 y en la planta 5 del edificio del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). Según la información adelantada por el elDiario.es, la dirección del centro ha asegurado que ha sido la propia Fiscalía quien ha requerido que se informase a los trabajadores del precinto policial y la prohibición de acceso a los almacenes cerrados.

La intervención se inscribe dentro de unas diligencias que la Fiscalía Anticorrupción lleva meses instruyendo por la posible existencia de una red corrupta dentro del CNIO. El proceso arranca con la denuncia interpuesta en junio de 2025 por un antiguo alto cargo del CNIO, en la que se cifra en torno a 25 millones de euros el supuesto daño económico causado a la institución.

Desde hace meses, la Fiscalía Anticorrupción mantiene bajo investigación una supuesta red de prácticas corruptas vinculadas a Juan Arroyo, quien ejerció como gerente del centro durante cerca de veinte años y fue considerado una persona de máxima confianza de Mariano Barbacid, fundador de la institución.

Las diligencias se pusieron en marcha a raíz de la denuncia presentada en junio de 2025 por un antiguo alto cargo del organismo, a la que posteriormente se añadieron las acciones legales impulsadas por el exgerente José Manuel Bernabé durante su breve etapa en el CNIO.

Los dos principales denunciantes apuntan a irregularidades de gran calado en el área de mantenimiento, entre ellas el pago de salarios a trabajadores que, presuntamente, no desempeñaban funciones reales, así como un sobrecoste millonario por servicios inexistentes. También alertan de la posible utilización de empresas pantalla vinculadas a extrabajadores del centro.

Según diversos informes, el desvío de fondos se habría articulado mediante un entramado empresarial que concentró contratos por valor de 11,9 millones de euros, junto a un segundo grupo de sociedades relacionadas con dos ciudadanos de origen ucraniano que habrían percibido otros 9,2 millones.