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La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana MorantDiego Radames

Ciencia

Diana Morant, en modo electoral: anuncia una mejora en las condiciones de los científicos tras 5 años como ministra

Aunque es cierto que el Gobierno ha compartido en los últimos años distintos anuncios sobre la mejora de las condiciones de los investigadores, la realidad es que la comunidad científica ha denunciado retrasos presupuestarios

A tan solo nueve días de los comicios del 29 de noviembre, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha dado a conocer el nuevo real decreto-ley para «reforzar la soberanía científica y tecnológica de España», siendo una de las reformas más relevantes desde que llegara al ministerio científico en 2021. Tal como ha señalado la ministra, se trata del real decreto-ley de medidas urgentes para el impulso de la competitividad y la soberanía tecnológica en el ámbito científico e investigador, que establecerá un estatus especial para un grupo de instituciones públicas que desarrollen líneas de I+D+I directamente vinculadas a la soberanía tecnológica.

«Se ha creado un régimen especial que aplicará a un grupo de centros públicos de investigación de excelencia que trabajan en tecnologías críticas para nuestra soberanía», ha declarado la ministra.

Entre los aspectos más destacados del anuncio destaca la mejora de condiciones hacia el personal investigador. En concreto, este decreto ley recoge el aumento de las retribuciones hacia los investigadores distinguidos financiados con fondos externos. Asimismo, esta medida aclara y facilita la movilidad y la doble adscripción, amplía las compatibilidades en funciones docentes y sanitarias para investigadores de centros públicos, abre vías de promoción interna para el personal técnico, mejora las condiciones de los investigadores en puestos de responsabilidad y elimina autorizaciones previas para los contratos predoctorales y posdoctorales cofinanciados con fondos externos.

De igual manera, el texto refuerza los incentivos a la innovación tecnológica y al empleo investigador en las empresas. Eleva del 12 % al 15 % la deducción fiscal por innovación tecnológica en los supuestos previstos; aumenta de uno a tres millones de euros el límite anual de monetización directa de estas deducciones para empresas que todavía no obtengan beneficios pero cuenten con actividad en innovación tecnológica certificada; y reformula determinados apartados de la Ley del Impuesto sobre Sociedades para reforzar la seguridad jurídica.

Y en el caso de los contratos predoctorales, se eleva de 115 a 200 euros al mes la bonificación durante todo el tiempo que desarrollen su doctorado en la empresa.

Con estas medidas, el Gobierno busca «dar un nuevo impulso a la competitividad del sistema científico, reducir dependencias tecnológicas estratégicas y acelerar la conversión del conocimiento en innovación, actividad económica y bienestar».

Las medidas de la ministra llegan tras más de cinco años dirigiendo el ministerio y con más de 40.000 científicos fuera de nuestras fronteras, según las estimaciones de la Red de Asociaciones de Investigadores y Científicos Españoles en el Exterior (Raicex). Aunque es cierto que el Gobierno ha compartido en los últimos años distintos anuncios sobre la mejora de las condiciones de los investigadores, la realidad es que los sindicatos y la comunidad científica han denunciado retrasos presupuestarios, así como promesas que continúan pendientes.

Por su parte, el Partido Popular comunicó en su programa electoral que uno de los grandes objetivos de su legislatura se centrará en el retorno de los científicos.

«Los investigadores que se fueron podrán volver y los mejores podrán venir», avanza la organización, que detalla que se agilizarán la incorporación de investigadores y el reconocimiento de sus trayectorias mediante el «reconocimiento de sus trayectorias, con procesos abiertos y por mérito».

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