El Premio Nacional de Tauromaquia 2025 vuelve al Senado al persistir el veto sectario de Urtasun

El Senado, junto con diversas comunidades autónomas y la Fundación Toro de Lidia, ha vuelto a poner en marcha la convocatoria del Premio Nacional de Tauromaquia, de cuya organización se ha hecho cargo tras su sectaria eliminación por parte del Ministerio de Cultura que dirige Ernest Urtasun.

Este galardón, cuya entrega se celebrará nuevamente en la Cámara Alta, busca reconocer los logros de personalidades y profesionales destacados del ámbito taurino en un contexto marcado por lo que las entidades convocantes consideran una «situación de excepción censora» impuesta por el Ministerio.

En esta segunda edición, se suma a la iniciativa la Ciudad Autónoma de Melilla, que acompaña a las diez comunidades que participaron en la convocatoria anterior junto al Senado.

En concreto, el jurado estará compuesto por representantes del Senado, las juntas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura, así como por los gobiernos autonómicos de Cantabria, Aragón, la Región de Murcia, la Comunitat Valenciana y la Comunidad de Madrid.

A ellos se une la mencionada Ciudad Autónoma de Melilla y la Fundación Toro de Lidia, organización que agrupa a aficionados y profesionales del mundo taurino.

La convocatoria del Premio Nacional de Tauromaquia tiene su origen en 2013, cuando el Ministerio de Cultura instauró este reconocimiento con el objetivo de premiar la labor de quienes contribuyen a la promoción y difusión de los valores culturales asociados a la tauromaquia.

Sin embargo, en mayo de 2024, el ministro Urtasun anunció su supresión, una decisión que fue recibida con críticas por parte de numerosos sectores de la sociedad y de diversas instituciones públicas, que consideraron que esta supresión atentaba contra la diversidad cultural y la libertad de expresión.

Como respuesta a esta medida, la Fundación Toro de Lidia articuló un nuevo marco para mantener el galardón, coordinando la colaboración de las entidades públicas que decidieron sostener su continuidad.

Esta acción se enmarca dentro de las obligaciones que, según la Ley 18/2013 para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural, tienen las administraciones públicas en relación con su preservación y promoción.

En la edición de 2024, el galardón fue concedido ex aequo a la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia y al cineasta Albert Serra, en reconocimiento a su aportación al arte y a la cultura ligada a la tauromaquia.

En el plano jurídico, la tauromaquia cuenta con una amplia protección. La Constitución Española, en su artículo 46, encomienda a los poderes públicos la responsabilidad de conservar y fomentar el patrimonio histórico y cultural, mientras que el artículo 44 reconoce el derecho de acceso a la cultura y la obligación de los poderes públicos de garantizarlo.

En consonancia con estos principios, la mencionada Ley 18/2013 consagra a la tauromaquia como parte integrante del patrimonio cultural español.

Tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo han respaldado repetidamente esta consideración. En particular, la sentencia 177/2016 del Constitucional subraya que, aunque la tauromaquia genere rechazo en algunos sectores de la sociedad, esto no elimina su carácter cultural.

En palabras del alto tribunal, «el hecho que la aceptación de ese carácter no sea pacífico, no priva a las corridas de toros (…), de su carácter cultural pues, existiendo en la realidad social española, el Estado contribuye así a su conservación mediante una acción de salvaguarda de una manifestación subyacente que entiende digna de protección en tanto que integrada en el genérico concepto constitucional de cultura, cuya salvaguarda incumbe a todos los poderes públicos en el ejercicio de sus respectivas competencias».

De este modo, el Premio Nacional de Tauromaquia impulsado por el Senado y los gobiernos autonómicos implicados no solo persiste como una expresión de apoyo al sector, sino también como un acto que, según sus promotores, reafirma el cumplimiento de una obligación legal y constitucional que consideran vulnerada por la decisión del Ministerio.