Tenemos un problema con la compasión

Tenemos un problema con la compasión. Y no es un problema menor, porque hablamos de la más grande aportación del cristianismo a la cultura ética de la humanidad, especialmente en el mundo occidental. La sensibilidad hacia los débiles, y el rechazo del abuso de la fuerza, a los que el término apela, han contribuido a que nuestro mundo sea más vivible y menos cruel. Y, sin embargo, de unas décadas para acá la compasión se ha convertido en un problema, por el uso y abuso de ideologías políticas que la utilizan como parapeto de su activismo radical; esos movimientos que hemos dado en denominar ‘wokismo’, si bien otros los identifican como ‘guerreros de la justicia social’.

Lo woke ha tomado la preocupación por los pobres del cristianismo —encarnada en el principio ‘los últimos serán los primeros’— y la ha aplicado literalmente a la política. El resultado es la ‘cultura de la víctima’, que, afortunadamente, genera cada vez más rechazo, pero que sigue muy vigente entre nosotros. La idea de que la víctima es depositaria de la verdad del conflicto político en el que se ve inmersa es gratificante, por su simpleza, pero a menudo distorsiona la realidad, turba el justo juicio y convierte el victimismo en una posición falsamente prestigiosa. Jonathan Haidt, en La transformación de la mente moderna, y Daniele Giglioli, en Crítica de la víctima, desarrollan esto desde dos perspectivas diferentes, si bien complementarias.

Pero aún más grave es el modo como el wokismo ha sesgado nuestro entendimiento de la compasión, extendiendo la idea de que hay un único modo de atender a los que sufren, un modo que, a menudo, resulta de una combinación de los principios del utilitarismo moral (una filosofía que entiende que reducir el sufrimiento es el objetivo moral principal) y el emotivismo (que otorga primacía a los perjuicios sensibles, los que podemos ver, frente a los daños que no están a la vista o, simplemente, que desconocemos). Una combinación que tiende a negar el debate.

Lo hemos visto estos días con el proyecto de regularización de, al menos, medio millón de inmigrantes ilegales en nuestro país. Se nos dice que estas personas vivirán mejor, con menos angustia, gracias a esta medida, y se censura a quienes la rechazan, por demostrar impiedad. No faltan incluso, desde el ámbito creyente, quienes aseguran que oponerse es contrario a la sensibilidad católica. A fin de cuentas, la regularización permitirá que estas personas —que no deberían estar entre nosotros— puedan vivir mejor, y eso, vivir mejor, es el criterio moral de nuestro tiempo.

Los izquierdistas tuvieron el buen gusto de no usar el término compasión —quizás por desprecio, o desdén, por su directísima vinculación con la cultura cristiana— por lo que no podemos culparles de la degradación de la palabra. Pero sí de la distorsión de la idea. Una distorsión que ha calado hondo en el mundo católico español, que define su entendimiento de los problemas, en gran medida, con los criterios morales del wokismo. Este es el motivo por el que debemos hablar de un ‘catolicismo woke’.

Lógicamente no estamos hablando de que se asuman las formas más radicales y violentas de los guerreros sociales, pero sí las premisas morales e interpretativas en las que se basan sus comportamientos. Un catolicismo woke que viene de lejos, de antes incluso de que la palabra inglesa se difundiera entre nosotros, y que se caracteriza por su modo de entender el amor al prójimo, y, sobre todo, por su coincidencia con la izquierda en la definición de qué tipo de prójimo debe ocupar la cúspide de las atenciones morales de la sociedad y de la ciudadanía.

Será más fácil de entender si ponemos algunos ejemplos. En 2004 se aprueba en España la Ley de Violencia de Género, que llegó precedida por el shock que produjo unos años antes la muerte de Ana Orantes, días después de denunciar públicamente que llevaba años siendo víctima de maltrato intrafamiliar. El suceso suscitó una lógica reacción compasiva hacia todas las mujeres que, como Orantes, sufrían una violencia oculta y que empezaba a ser conocida. El problema es que, cuando esa mirada se tradujo en ley, generó una desigualdad legal y una situación de indefensión de los varones denunciados, como ha desvelado Juan Soto Ivars en ‘Esto no existe’ (y antes que él otros ensayos de difusión más minoritaria). La ley generó nuevas víctimas, pero no le importó a casi nadie en el espacio público, pues terminó imponiéndose el principio woke de jerarquía e incompatibilidad entre los que sufren: si estás con las mujeres maltratadas, no puedes estar a la vez con los maridos víctimas de denuncias falsas o instrumentales. Es más, mencionar siquiera la existencia de los segundos es una afrenta contra las primeras.

Esto no tiene nada que ver con la forma como la tradición cristiana entiende a las víctimas, pero se impuso como criterio moral también en el mundo católico —incluidos los medios de comunicación de la Iglesia— así como también entre numerosos profesionales culturalmente católicos o directamente creyentes. Aunque no tuviéramos aún palabras para nombrar lo que estaba ocurriendo, fue la primera manifestación preocupante de la contaminación woke de la cultura católica.

Segundo peldaño, tres años después. En 2007 se aprueba la Ley de Memoria Histórica, precedida de intensas campañas impulsadas por asociaciones memorialistas. Aparentemente, todo surgió de un propósito más que razonable: encontrar a quienes todavía permanecían en las cunetas (víctimas de ejecuciones irregulares) para dar sepultura a sus cuerpos y paz a sus familias. Imposible oponerse, por supuesto. Pero pronto quedó claro que, entre las víctimas de las cunetas, interesaban mucho más unas (las ajusticiadas por el franquismo y sus afines) que otras (las ajusticiadas por las fuerzas republicanas). Es más, nuevamente se fue deslizando la idea de que preocuparse por las segundas (a fin de cuentas, los vencedores) era una forma de desprecio hacia las primeras, las víctimas de verdad, las víctimas fetén. Esta convicción ha llegado muy viva hasta nuestros días (véase el episodio Pérez Reverte-Uclés) como demostró también la vivísima oposición que desataron las Leyes de Concordia que Vox intentó aprobar en las comunidades donde cogobernaba hasta que decidió abandonar las responsabilidades de poder.

Hay que insistir nuevamente en que este criterio nos lleva a que muchos católicos interpreten como equivocado hablar ahora de los religiosos ejecutados en los primeros meses de la guerra civil, e incluso antes. Han asumido acríticamente que unos eran demócratas y otros no, y que eso obliga a jerarquizar entre las víctimas. Y también han asumido la idea de que las víctimas ‘nacionales’ ya recibieron reconocimientos mientras que los demás no. Ignorando que el cine y la cultura llevan décadas homenajeando a esa parte de las víctimas. Catolicismo woke.

Retornemos a la inmigración. Para entender dónde estamos hay que volver la mirada unas cuantas décadas atrás, a finales del siglo pasado. Por entonces, las organizaciones humanitarias que atendían a los inmigrantes lograron imponer, primero entre los periodistas de a pie, y luego entre los medios de comunicación, la idea de que la nacionalidad de quienes cometían delitos debía ser ocultada. Salvo si eran extranjeros ‘ricos’ (alemanes, ingleses, italianos…), en cuyo caso no importaba. Pero si los delitos eran responsabilidad de nigerianos, marroquíes, colombianos o búlgaros, debía esconderse ese dato para no fomentar rechazo social. Frente a ‘la verdad os hará libres’ cristiano, se imponía una forma de compasión que exigía el ocultamiento, el engaño. Y que trataba al público como un menor de edad al que debía hurtarse el conocimiento de ciertos datos para evitar que decidiera mal. La censura franquista no se apoyaba en criterios muy distintos.

El problema es que, a medida que los conflictos ligados a inmigrantes fueron creciendo, el ocultamiento se fue haciendo más obvio y se produjo una reacción inversa: si una noticia no daba la nacionalidad del delincuente, se suponía que debía ser inmigrante, lo cual era cierto a menudo, pero no siempre. Más recientemente, cuando se recurrió al eufemismo de identificar a los autores como ‘jóvenes’, ocultando de nuevo su identidad, la respuesta popular fue irónica: la invención del país Jovenlandia. Decir que el crimen lo había cometido un ‘jovenlandés’ era una forma de identificarle como inmigrante, eludiendo las crecientes amenazas legales de la corrección política. Hoy en día muchos católicos han asumido la premisa ‘woke’ según la cual vincular inmigración y delincuencia es racista, aunque los datos, la evidencia y el sentido común avalen ese vínculo una y otra vez.

Recapitulemos: tenemos una compasión que exige fijarse en unas víctimas, y no en otras, pues no entiende que se puedan repartir los afectos. Tenemos una compasión que determina que unas víctimas son moralmente buenas, pues formaban parte del bando perdedor, mientras que las otras no merecen tal honor. Y tenemos una forma de entender la compasión hacia las víctimas que nos presenta como buenas la autocensura y la censura.

Prosigamos. En 2017, una portada de National Geographic con la foto de un niño ‘trans’ y con el lema ‘Gender revolution’ trastoca por completo la percepción de lo que hasta entonces habíamos conocido como transexualidad y que a partir de ese momento se rebautizará como ‘mundo trans’. Hasta 2017 la transexualidad había sido un problema de adultos que no sé sentían a gusto con su sexo biológico. Primero pidieron a la sociedad que no fuera un obstáculo para su búsqueda de una solución (y se cambiaron las leyes), luego solicitaron ayuda, porque los procesos de cambio de sexo eran caros, y la sanidad pública los asumió. No había, por tanto, ningún problema ‘trans’ en España hasta ese momento.

El problema surgió cuando el mundo queer decidió que había que intervenir en la infancia para proteger a ‘sus’ niños (incluso si algunos, como el que protagonizó la famosa portada, resultaron no ser, a la postre, niños trans) al margen de que pagaran las consecuencias otros niños, quizás con dudas sobre su identidad propias de la preadolescencia, pero que no tenían por qué verse embarcados en la montaña rusa del transgenerismo. De nuevo, unas víctimas (los niños trans ‘reales’, digámoslo así) se sobreponían sobre otras: los niños trans inducidos. Las víctimas visibles se imponían sobre las víctimas ocultas y desconocidas. Hasta que la proliferación insólita y rapidísima de casos despertó las alarmas y llevó a ver que quizás había surgido otro problema ‘trans’ distinto: el efecto contagio de una opción vital que se presentaba como prestigiosa y como una especie de ‘bálsamo de fierabrás’ capaz de resolver todo tipo de problemas personales.

Para completar este recorrido sobre el modo como nuestra percepción de la compasión ha sido sesgada y distorsionada hay que volver de nuevo a la inmigración, pues nos sitúa ante otro de esos debates que se intentan ocultar: ¿Hay distintas formas de ser un buen samaritano, o sólo una, la que los justicieros sociales van definiendo en cada momento? Pongamos otro ejemplo.

Hace unos años, cuando empezaba a emerger el conflicto migratorio, se hicieron populares en redes sociales unas declaraciones del dalái lama sobre esta cuestión. El líder espiritual de los tibetanos explicaba que la compasión exigía atender al inmigrante llegado en pateras (o por otras vías), curando sus heridas y dándole de comer, pero que no obligaba a la acogida legal, pues todo país tiene derecho a decidir sobre quien puede ser ciudadano. Como también reconoce la Doctrina Social de la Iglesia. Atender y expulsar de vuelta a su nación era, para el dalái lama, una forma legítima de ser compasivo.

No lo han entendido así, sin embargo, las organizaciones humanitarias dedicadas a la inmigración (católicas, o de inspiración católica, muchas de ellas) quienes han instaurado un nuevo precepto, en sintonía con la sensibilidad de los justicieros sociales: lo compasivo es ayudar a los inmigrantes ilegales a permanecer en el país, incluso sin papeles, burlando la ley y obstaculizando su deportación. En unos casos, haciendo pasar por menores a quienes no lo son, y, en otros, ayudando a presentar solicitudes de asilo destinadas al fracaso, pero que, debido a las lagunas legales, permiten eludir las órdenes de expulsión. El resultado de estos comportamientos compasivos son miles de personas sin recursos, sin idioma, sin posibilidad de trabajar y abocados a caer en redes delictivas para sobrevivir. Situaciones, que, en parte al menos, pudieron evitarse, son las que ahora se nos invita a ‘regularizar’, otra vez por compasión.

El problema es que este humanitarismo compasivo no tiene fin, ni conoce límites más allá de los que van marcando en cada momento la oportunidad, o el oportunismo. Es, además, un humanitarismo que se niega a reconocer que exista un conflicto político ligado a la inmigración y que, por tanto, exige que el problema se vea sólo desde el ángulo humanitario: son personas que nos piden ayuda, ¿nos negaremos a dársela? Nuevamente las otras víctimas del problema —las mujeres violadas, los que sufren el robo de su móvil, los que ven alterada la paz de su vecindario con peleas que, a veces, les alcanzan…— se niegan, se ocultan o se descalifican —no son auténticas víctimas, son racistas— para imponer una única mirada sobre la realidad conflictiva.

El último camino de este recorrido por la distorsión moral de la compasión nos lleva al caso Noelia. Seguramente lo conocen ya. Una joven parapléjica de 25 años pide la eutanasia y se le concede. Si no hubiera ocurrido nada, Noelia llevaría 550 días muerta, pero el recurso legal de los padres, gestionado por Abogados Cristianos, ha impedido hasta ahora su eutanasia. Los abogados litigantes creen que lo compasivo es hacer todo lo posible por salvar su vida y evitar una decisión irreversible. Son conscientes de que su situación la convierte en una persona dependiente, como tantos otros discapacitados, pero que su situación personal no es, ni remotamente, parecida a la de Ramón Sampedro, con quien tantos la quieren equiparar.

Lo relevante del caso para nuestros propósitos es el éxito en nuestra sociedad del mensaje moral que afirma que matar a esta joven es lo verdaderamente compasivo, pues le evita dolor y sufrimientos, mientras que intentar impedirlo es cruel y mezquino. Estamos aquí ante la inversión moral perfecta. El utilitarismo desvela aquí su rostro más descarnado: si evitar el dolor es el máximo principio ético, es legítimo llevarlo hasta la aniquilación del ser que sufre. No pocos católicos asumen esto, en una muestra especialmente descarnada de catolicismo woke.

Tenemos un problema con la compasión, porque no podemos, ni debemos, prescindir de ella. Pero su utilización abusivamente sesgada contra una parte de la población está ya conduciendo a un imparable descrédito de esta noble actitud que no llevará a nada bueno. Descrédito del que son responsables, sobre todo, los que la han utilizado para imponer una mirada única —y a menudo injusta— sobre la realidad. Pero que sufriremos todos.