Expertos cuestionan la «ley de lenguas andaluzas» propuesta por Montero: «No existe una lengua andaluza»

La propuesta de la secretaria general del PSOE andaluz y vicepresidenta primera del Gobierno de Pedro Sánchez, María Jesús Montero, en un acto electoral en Jaén, de promover una «ley de lenguas andaluzas» para «impulsar, investigar y trasladar su valor», para poder «expresarse con orgullo, sin complejos, siendo capaces de defender» sus orígenes, ha abierto un debate lingüístico y político.

¿Lengua o variedad?

Desde el punto de vista estrictamente filológico, Amalia Pedrero González, doctora en Filología Hispánica (Lingüística), especialista en la enseñanza del español como lengua extranjera y profesora titular de Lengua Española en la Universidad San Pablo-CEU de Madrid, descarta que pueda hablarse de una lengua andaluza diferenciada: «El andaluz es una variante del español y además es una variante muy compleja», afirma. A su juicio, la propia diversidad interna del andaluz dificulta cualquier intento de presentarlo como sistema unitario.

La filóloga, que atiende a El Debate por vía telefónica, recuerda que dentro del andaluz existen diferencias marcadas entre el oriental —con Almería, Granada y Jaén— y el occidental —Sevilla, Cádiz y Huelva—, además de zonas de transición como Málaga y Córdoba.

En este sentido, recuerda que los criterios para distinguir entre lengua y dialecto son técnicos y no políticos. Menciona, entre otros, la intercomprensión, la existencia de una tradición literaria consolidada o un alto grado de nivelación lingüística, criterios empleados por filólogos como Manuel Alvar. Y plantea una pregunta que, a su juicio, evidencia la inconsistencia del planteamiento de Montero: si se reconociera el andaluz como lengua diferenciada, «¿por qué el andaluz sí y por qué el manchego no? ¿Y por qué el aragonés no?». Para la lingüista, abrir esa vía carecería de coherencia científica y conduciría a un proceso difícilmente delimitable.

«No existe una lengua andaluza como tal»

Además, considera que una variedad dialectal como el andaluz no puede convertirse en lengua por decisión política: «No tiene nada que ver. Suena a electoralismo», concluye sobre la propuesta, aunque introduce una matización relevante: «Lo que no quita belleza al andaluz. El andaluz es una variante preciosa. Es una variante muy compleja y esa complejidad le da posiblemente esa belleza».

En términos aún más contundentes se expresa el escritor Xosé Carlos Caneiro. «Las lenguas andaluzas, entre comillas, pueden considerarse dialectos del español. No existe una lengua andaluza como tal», sostiene. Para Caneiro, el elemento decisivo es el criterio histórico y evolutivo. «El andaluz es español, ni más ni menos», afirma, subrayando que no posee una evolución independiente comparable a la de otras lenguas romances.

A modo de ejemplo, recuerda que el gallego o el catalán cuentan con una trayectoria histórica diferenciada, con desarrollo literario propio y continuidad secular como sistemas lingüísticos autónomos. El andaluz, en cambio, presenta rasgos fonéticos y léxicos particulares, pero siempre dentro del español. «Las lenguas no se inventan de un día para otro. Las lenguas tienen una evolución secular», advierte, descartando que una decisión política pueda alterar esa realidad científica.

Caneiro considera además que el debate tiene un trasfondo más ideológico que filológico. A su juicio, no responde a una necesidad académica ni a una demanda social consolidada, sino a planteamientos de oportunidad política.

El andaluz ya está amparado por Estatuto de Autonomía

En el plano jurídico, el filólogo Rafael Rodríguez-Ponga recuerda que el andaluz ya cuenta con protección normativa. «Ya están legalmente protegidas», afirma con rotundidad en conversación con El Debate. «No hace falta una ley específica de lenguas andaluzas, puesto que el Estatuto de Autonomía ya habla de la protección de las variedades del andaluz», subraya.

Y es que el texto estatutario reformado en 2007 recoge en su artículo 213 que «los medios audiovisuales públicos promoverán el reconocimiento y uso de la modalidad lingüística andaluza, en sus diferentes hablas». Además, el artículo 10 establece como objetivo básico «la defensa, promoción, estudio y prestigio de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades».

Desde el punto de vista estrictamente lingüístico, el experto, al igual que Pedrero, indica que el propio castellano fue en su origen una variedad del latín: «El castellano es una variedad dialectal del latín». No obstante, los procesos por los que una variedad se convierte en lengua no dependen únicamente de decisiones políticas, sino de factores culturales, literarios y de prestigio social.

Además, Rodríguez-Ponga puntualiza que cuando una modalidad adquiere reconocimiento amplio es porque confluya elementos históricos, sociológicos y de utilidad práctica. En el caso del español, subraya su dimensión internacional: es «la segunda lengua más hablada del mundo» y «está entre las cinco primeras lenguas del mundo» por su presencia global. Esta utilidad común, afirma, constituye un bien cultural y económico de primer orden.

Los riesgos de legislar la lengua

A juicio del filólogo, la cuestión no es solo académica, sino también política. «Las leyes lingüísticas son muy complicadas», indica. «Las leyes lingüísticas normalmente generan debates y problemas sociales que no benefician ni a la sociedad ni a las personas ni a las lenguas».

En este sentido, considera que el actual sistema ya permite la promoción cultural sin necesidad de nuevas normas. «El que quiere hablar en la radio o en la televisión o el que quiere escribir un artículo sobre el habla de Cádiz» puede hacerlo con plena libertad.

Además, no percibe una demanda social o profesional que justifique una reforma legislativa: «No he visto que la industria del libro o la industria de los medios de comunicación, digamos, todos los elementos de expresión lingüística hayan hecho una solicitud de que haya que regular esto».

El Estatuto, recuerda, ya fija como objetivo «el afianzamiento de la conciencia de identidad y de la cultura andaluza a través del conocimiento, investigación, difusión del patrimonio histórico, antropológico y lingüístico» (art. 10). Es decir, la identidad cultural andaluza encuentra respaldo jurídico sin necesidad de declarar nuevas oficialidades.

Además, Rodríguez-Ponga introduce un elemento poco presente en el debate: la diversidad lingüística efectiva dentro de Andalucía. En determinados municipios, explica, «la presencia de lenguas como el alemán, el inglés, el holandés o el árabe son muy importantes». Esa realidad plural podría plantear cuestiones prácticas en el ámbito administrativo, pero no se corresponde con la idea de una lengua andaluza diferenciada del español.

Por eso insiste en que la legislación vigente ya cumple la función de amparo: «Creo que la legislación que hay es suficiente para amparar muchas cosas».