El ministro de Cultura, Ernest Urtasun
El Ministerio de Urtasun eleva a la Justicia la petición para extinguir la Fundación Francisco Franco
Este 14 de abril el Gobierno ha firmado la resolución supuestamente avalada por expertos, incluido un catedrático en Derecho Constitucional, que deberá ser valorada y aprobada por un juez
El Gobierno da un paso más en su ofensiva contra la Fundación Francisco Franco. El Ministerio de Cultura de Ernest Urtasun ha firmado la petición formal para su extinción, un movimiento que ahora deberá ser ratificado por un juzgado y que reabre el debate sobre los límites entre memoria, legalidad y revisión histórica.
La decisión, adoptada en plena carga simbólica por coincidir con el aniversario de la proclamación de la Segunda República, se apoya en la Ley de Memoria Democrática, que permite disolver entidades que enaltezcan la dictadura o menosprecien a sus víctimas.
Un expediente «sólido», según el Gobierno
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, defendió la iniciativa con rotundidad. «Hay enaltecimiento del franquismo con humillación y menosprecio a las víctimas, lo que, de acuerdo con la Ley de Memoria Democrática, incurre igualmente en causa de extinción», afirmó.
Según explicó, el procedimiento «se ha desarrollado con todas las garantías desde su inicio». En ese sentido, subrayó que el Ejecutivo ha solicitado «informes independientes», ha analizado «la actividad pública durante años» y ha concedido «en dos ocasiones trámite de alegaciones a la propia fundación».
Detalle de la placa de entrada en la sede de la Fundación Francisco Franco
Urtasun quiso reforzar la solidez jurídica del expediente: «En este proceso han participado el Ministerio de Memoria Democrática, la Abogacía del Estado y expertos independientes, incluido un catedrático de Derecho Constitucional, que avalan y refuerzan el rigor jurídico del expediente». El ministro añadió un agradecimiento expreso a Ángel Víctor Torres, al que calificó como «colega de gabinete».
«El resultado es un expediente sólido, riguroso y bien fundamentado jurídicamente», insistió.
La última palabra, en los tribunales
Pese al tono concluyente del Ejecutivo, la decisión final no está en manos del Gobierno. «Ahora la decisión final está en manos de un juez, pero el Gobierno considera que concurren de manera fehaciente las causas legales para su extinción, y lo decimos con claridad», señaló Urtasun.
El ministro defendió que la actuación del Ejecutivo se ajusta a derecho: «Estamos, con la ley en la mano, protegiendo la dignidad de las víctimas».
Además, avanzó que «la petición de elevación del expediente al juez es inminente», lo que abre una fase judicial que podría prolongarse durante meses.
Un mensaje político con carga ideológica
Más allá del plano jurídico, el Gobierno ha querido dotar la medida de un claro contenido político. «Vamos a enviar al juez un expediente que demuestra que la fundación debe ser cerrada por ir contra el interés general, por humillar a las víctimas y porque en una democracia sólida no puede haber espacio para organizaciones que vulneran su dignidad y tratan de blanquear la dictadura», afirmó Urtasun.
El ministro remató con una declaración de intenciones: «Hoy el Gobierno de España lanza un mensaje muy importante: que en España la democracia se defiende también en el terreno de la memoria».
La iniciativa, sin embargo, no está exenta de polémica. Mientras el Ejecutivo defiende que actúa en defensa de las víctimas y del orden constitucional, voces críticas advierten del riesgo de abrir la puerta a decisiones de carácter ideológico sobre asociaciones legales.
El caso de la Fundación Francisco Franco se convierte así en un nuevo campo de batalla política y jurídica. La clave estará ahora en la resolución judicial: determinar si los argumentos del Gobierno superan el filtro de los tribunales o si, por el contrario, la extinción vulnera derechos fundamentales como la libertad de asociación.
