El expresidente de la Federación, Ángel María Villar, a un paso de juicio a por el caso Soule

La Audiencia Nacional ha confirmado los indicios que dejan a un paso de juicio al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Ángel María Villar y a otros implicados en el caso Soule, en el que se ha investigado la obtención de contratos entre 2007 y 2017 que habrían causado al ente un perjuicio de 4,5 millones.

Durante los últimos meses, la sección segunda de lo Penal ha estado estudiando los recursos que Villar, su hijo Gorka y otros procesados interpusieron contra la resolución en la que el juez Francisco de Jorge proponía juzgarles por presuntos delitos como administración desleal, corrupción en los negocios, apropiación indebida o falsedad en documento mercantil.

Todos han sido desestimados. El último ha sido el del hijo de Villar, en el que, como en el resto, el tribunal ha avalado la tesis del juez al ver indicios suficientes para llevarles a juicio. Ahora, los acusados deberán presentar sus escritos de defensa, y el magistrado tiene que dictar apertura de juicio oral.

La Fiscalía pide 15 años y medio de cárcel para el expresidente federativo y 7 para su hijo, y solicita que ambos indemnicen a la RFEF con 3,8 millones de euros. Para el exvicepresidente de la Federación Juan Padrón, también acusado, reclama 6 años y medio. Los tres llegaron a entrar en prisión preventiva por esta investigación, que comenzó en 2017, todavía con Villar al frente de la RFEF (1988-2017) y ha acabado con ocho procesados.

«Datos objetivos»

En uno de sus autos la Audiencia Nacional se remite a los «datos objetivos» que existen en el procedimiento y que «constituyen indicios» de delito. Respecto a Villar, por ejemplo, considera que sus argumentos no son suficientes para archivar el caso, y subraya que el expresidente «olvida» elementos probatorios recabados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a lo largo de la instrucción.

A su hijo, a quien se sospecha que Villar benefició imponiendo selecciones rivales de España para disputar amistosos, la Sala le responde que la resolución del juez se fundamenta en los indicios arrojados por las diligencias de investigación de su presunta «ilícita participación» en negociaciones de las que se derivó un perjuicio para la Federación de Fútbol.

Recuerda el tribunal, que el auto del juez refleja la «existencia de una base suficiente y racional para continuar» el procedimiento y que se fundamenta en numeroso material incautado, declaraciones e informes policiales, y afirma que algunas de las alegaciones formuladas en defensa de los procesados deben resolverse en el juicio.

En esta causa se ha investigado si Villar y el exvicepresidente Padrón se aprovecharon de sus cargos entre 2007 y 2017 para beneficiar a personas de su entorno con contratos perjudiciales para la RFEF o mediante el pago a su cargo de retribuciones que no se correspondían con servicios. Dinámicas que causaron un agujero de 4.514.441,72 euros.

La Fiscalía también acusa a Villar de beneficiar a su hijo y a su sociedad, Sport Advisers –también acusada–, al decidir a los rivales de la selección absoluta en partidos amistosos, eludiendo «todos los órganos competentes de la RFEF».

Presuntamente, le atribuía a su hijo «la elección de esos equipos» y la negociación de las «condiciones económicas». Por otra parte, éste habría firmado contratos de asesoramiento con federaciones extranjeras con el compromiso de disputar amistosos entre las selecciones de ambos países con un precio menor del que podría haber obtenido la RFEF.

Mediante esta dinámica, por la que Gorka Villar y su empresa se habrían embolsado 366.583 euros, según la Fiscalía, se convinieron amistosos con las Selecciones de Corea del Sur, Chile, Venezuela, Perú y Colombia que generaron a la RFEF al menos 3.830.000 euros de perjuicio.