Cartel de vivienda en alquiler en Madrid
Los expertos avisan de los despropósitos de la nueva ley de vivienda: «Va a ser nefasta»
Este jueves se aprobó la ley de vivienda, un texto que topará las renovaciones de arrendamientos al 2 % este año y al 3 % en 2024
Este jueves se aprobó la ley de viviendas, un texto que topará las renovaciones de arrendamientos al 2 % este año y al 3 % en 2024 y creará un nuevo índice más estable e inferior a la evolución del IPC. Los expertos apuntan a que la legislación podría acabar con la oferta de viviendas en alquiler ya que distorsiona el mercado y ataca a los propietarios.
«Va a ser nefasta. No solo para los arrendadores, también para inversores, promotores y, aunque parezca mentira, para los propios arrendatarios», comenta José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler. «Tendrá efectos indeseados que sus legisladores no han tenido en cuenta o, peor aún, son conocedores pero la propaganda política e ideológica se ha impuesto sobre la razón», añade.
Para Zurdo, ya venimos observando en los últimos dos años los efectos negativos sobre el mercado de alquiler «donde los distintos decretos ley aprobados han castigado a los arrendadores, sobreprotegiendo a los inquilinos, con la consiguiente disminución de la oferta y el aumento de los precios».
Desde la Agencia Negociadora advierten que la ley reducirá drásticamente la oferta porque todas las medidas que contiene van en contra de los arrendadores e inversores, que son precisamente los únicos que pueden generar oferta y aumentar el parque de viviendas en alquiler.
Va a afectar negativamente a los promotores inmobiliarios, porque les obligará a aumentar sus cesiones de edificabilidad para viviendas protegidas.
La figura del inversor que compra suelo o viviendas para rentabilizarlas vía alquiler tenderá a disminuir, porque con todas las limitaciones impuestas difícilmente les saldrán los números de su inversión, y más en un momento en que las entidades financieras empiezan ya a retribuir el pasivo.
La Agencia señala que va a acabar con gran parte de las agencias inmobiliarias que se dedican solo a la intermediación de alquileres, porque no van a poder cobrar sus honorarios a los inquilinos, con lo cual muchas tenderán a desaparecer o cargar sus honorarios a los arrendadores. Además, los arrendadores probablemente tengan que asumir los honorarios que las agencias no puede cobrar a los inquilinos, con un mayor coste para ellos, lo que les supondrá otro límite más.
Asimismo, aumentará la inseguridad jurídica a la hora de que un arrendador tenga que recuperar su vivienda por un impago de su inquilino, porque si ya actualmente están suspendidos los desahucios y lanzamientos hasta el 30 de junio; la nueva ley pretende que se puedan prorrogar los lanzamientos de inquilinos vulnerables hasta los dos años.
La inseguridad jurídica será absoluta y apartará a muchos arrendadores e inversores del mercado del alquiler. Además, esta ley va a fomentar que los procedimientos de desocupación de los okupas sean más lentos, con mayores trámites y más costes para los arrendadores.
Desplazar inversiones
La nueva ley hará que los arrendadores desplacen sus inversiones hacia otro tipo de campos donde no les afecten estas limitaciones, como alquileres turísticos, de temporada o alquileres de habitaciones, de locales o de oficinas, plazas de garaje, etc. También aumentará el número de arrendamientos que se renueven por tácita reconducción, con el fin de burlar la ley y habrá un trasvase importante de viviendas del alquiler hacia la compraventa.
Se producirán desigualdades sociales y económicas entre las comunidades que quieran aplicar o no la nueva ley y, dentro de estas, guetos para poder acceder a un alquiler en una de las llamadas zonas tensionadas ya que los inversores y promotores querrán dirigir sus inversiones hacia regiones que ofrezcan más facilidades.
Por último, la nueva ley de vivienda también perjudicará a muchos arrendatarios ya que, debido a las enormes limitaciones que se van a imponer a los propietarios, se endurecerán enormemente los requisitos de acceso que exijan a los futuros candidatos. Esto provocará que muchos candidatos a inquilinos, sobre todo los que tienen los empleos más inestables, se queden en una zona de indefinición donde, además de no poder comprar, tampoco van a poder alquilar.
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