El vicepresidente económico de la Comisión, Valdis Dombrovskis.
Bruselas cierra el grifo y pide a Sánchez que limite el gasto público
Solicita que reduzca el aumento al 2,6 % como máximo en 2024
La Comisión Europea ha recomendado a España que limite el aumento del gasto público primario al 2,6 % como máximo en 2024 para lograr el recorte del déficit estructural del 0,7 % que le pide para ese ejercicio, equivalente a 9.289 millones de euros.
El informe del Ejecutivo comunitario anticipa ya que España cumplirá con esta recomendación. Calcula que el aumento del gasto primario será del 1,4 % el año que viene, según sus previsiones macroeconómicas de Primavera, publicadas a principios de este mes.
«Teniendo en cuenta las consideraciones de sostenibilidad fiscal y la necesidad de reducir el déficit por debajo del valor de referencia del 3 % del PIB, sería adecuada una mejora del déficit estructural de al menos el 0,7 % del PIB para 2024», señala Bruselas en sus recomendaciones de política fiscal para España.
Para asegurar esa mejora, añade la Comisión, el crecimiento del gasto primario neto financiado nacionalmente -sin tener en cuenta el pago de intereses, prestaciones por desempleo, fondos europeos y medidas discrecionales de ingresos- «no debería exceder el 2,6 %» en 2024.
La Comisión Europea sugiere a España que mantenga los niveles de inversión pública y que garantice la «absorción» de las ayudas procedentes del fondo de recuperación y de los fondos de otros programas de la UE. Insta al Gobierno a «mantener el impulso» para una «rápida» ejecución del plan español de recuperación y a presentar pronto su actualización para poder acceder a otros 10.000 millones en ayudas directas y a los 84.000 millones de euros en créditos que el país tiene asignados.
Retirada de medidas energéticas
Bruselas pide a España que retire las ayudas desplegadas por la crisis energética como muy tarde al cierre de 2023. Estima su impacto actualmente en un 0,6 % del PIB. Indica que la retirada debería empezar por las medidas más universales.
La Comisión se refiere, por ejemplo, a las reducciones del IVA del gas y de la electricidad, que han sido prorrogadas hasta final de año. Propone que los «ahorros» derivados se utilicen para «reducir el déficit público».
En caso de que los precios energéticos se disparen de nuevo y sean necesarias nuevas medidas, proponen que se orienten a proteger a los hogares y las empresas «vulnerables». Indican que las medidas deben ser «asumibles» desde el punto de vista fiscal y «preservar los incentivos para conseguir ahorros energéticos».
Las recomendaciones también instan a España a seguir reduciendo el uso de combustibles fósiles y acelerar el despliegue de energías renovables. Señalan que puede hacerse simplificando y digitalizando los procedimientos de autorización, mejorando el acceso a las redes e invirtiendo en almacenamiento energético e interconexiones transfronterizas.
También piden a las autoridades españolas que aumenten la disponibilidad de casas eficientes desde el punto de vista energético a través de medidas como la renovación y electrificación de edificios y que apoyen la formación de trabajadores necesarios para la transición verde.
El paro y la deuda, grandes debilidades
La Comisión Europea ha señalado el paro y la deuda pública como las grandes debilidades de la economía española. Sobre la deuda indica que sigue estando «alta» (cerró 2022 en un 113,1 % del PIB), aunque el año pasado «recuperó una trayectoria descendente» gracias a un «fuerte» crecimiento del PIB. Aun así, el informe advierte de que este indicador sigue «por encima del nivel anterior a la pandemia» y las proyecciones apuntan a reducciones «moderadas» este año y el siguiente.
En cuanto al desempleo, subraya que «sigue siendo alto» y contiene focos de vulnerabilidad, en especial con el paro de muy larga duración y el desempleo juvenil.
El informe remarca que los «riesgos potenciales» de la economía española están vinculadas al impacto de las subidas de tipos del Banco Central Europeo (BCE) y el encarecimiento de los préstamos e hipotecas para hogares y empresas.
La institución europea ve además posibles amenazas en la sostenibilidad a largo plazo de la deuda pública española en el contexto financiero actual y también como consecuencia del envejecimiento de la población.
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