¿Prepara Sánchez la salida de España de Cataluña?
Cuando miras los números te das cuenta de que algo se está moviendo y no nos cuentan nada
Como comentaba en mi artículo anterior, por la gracia del mago Merlín, han salido de la chistera del Ministerio de la Función Pública, nada más y nada menos, que 236.543 personas que estaban trabajando para las diferentes Administraciones Públicas del Estado Español y que no se contaban, o se nos dicen ahora, porque tenían contratos basura.
Tenían contratos, de menos de 6 meses o de formación y por eso no era necesario contarlos.
La primera de las conclusiones que podemos sacar de esto es que Yolanda Díaz solo da cera y pule cera a los empresarios a los que acusa de todo, pero es en lo Público en lo que mayores desmanes se producen, ya tenemos 853.702 contratos en la categoría de otros, lo cual significa, que no son funcionarios, ni tampoco tienen un contrato laboral, porque si ese fuese el caso estrían en esa otra categoría.
¿Qué son los otros contratos? Para ello es necesarios ver lo que dice el elaborador del informe, que no es otro que la Subdirección General del Registro Central de Personal y la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, en otras palabras, este marrón estaba en manos de «Txiqui» Montero y ha pasado a Escrivá que es el que ha tirado de la manta.
Esta Subdirección General define a los otros de la siguiente manera:
- Personal eventual. Es el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin. No se incluyen en este epígrafe los datos de efectivos que ocupan puestos de esta naturaleza, pero tienen la condición de funcionario de carrera de la Administración del Estado.
- Personal funcionario interino. Es personal funcionario interino el que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, es nombrado como tal para el desempeño de funciones propias de personal funcionario de carrera, cuando se dé alguna de las circunstancias recogidas en el artículo 10 del Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
Para que lo entendamos correctamente y traducido a román paladino: LOS NOMBRADOS A DEDO, para lo que haga falta.
Tienen contratos de los que se puede prescindir en cualquier momento o cuando deje de existir la urgencia, dicho de otra manera : CUANDO EL POLÍTICO DE TURNO QUIERA.
Pues bien, en julio del 2022, según el mismo informe pero elaborado en otro ministerio que era el de Hacienda y Función Pública había declarados oficialmente 664.723 otros «efectivos» (que es el apelativo con el que nombra a los empleados públicos) y en un solo año, julio de 2023 el mismo informe dice que son 853.702 y, por lo tanto, por esa vía se nos han colado 188.979 nuevos «efectivos» nombrados a dedo por nuestros insignes padres de la patria, efectivos que habrá que pagar con nuestros ¡Malditos Impuestos! Y que por lo tanto incrementarán nuestro ¡Insoportable Gasto Político!
Pero hoy, a parte de repartir un poco de leña generalizada hacia la clase política en general, me voy a centrar en lo que ha pasado en la Administración General del Estado, porque hay hechos muy serios a la par que controvertidos.
Veamos que ha pasado en esta Administración y en que lugares geográficos se han producido y que conste que no ha sido fácil pillar la que nos tiene liada Pedro Sánchez y su equipo.
Cómo podemos ver, no es en la Administración Central donde se ha producido el desmán del incremento de personal, aquí «solo» se han incrementado en 12.743 efectivos que supone subir los mismo un 2,5 % en un solo año, que tampoco está tan mal.
Cuando miras estos números te das cuenta de que algo se está moviendo y no nos cuentan nada. Vemos que en Madrid se ha producido el mayor incremento de efectivos que ha sido de 7.074, que le siguen los efectivos de Castilla y León y de Aragón por decisión del Gobierno de la Nación.
Pero el problema no está ahí, sino que si miramos los 3 últimos de la lista es cuando aparecen las grandes noticias.
En Navarra se han reducido los efectivos dependientes de la Administración Central en 147, muy posiblemente los miembros de la Guardia Civil, que ya no tiene esas funciones.
En el País Vasco también se reducen en 368 efectivos que habría que ver por qué.
Pero lo llamativo es que, cuando se están incrementando, en general, los efectivos, en el caso de Cataluña desaparecen 1.993 efectivos de la Administración Central, cayendo en un solo año el 7,6 % de los empleados públicos en Cataluña.
La gran pregunta es si nuestro Presidente tiene acordado con los Independentistas de ERC y/o de Junts, el ir progresivamente abandonando las funciones de la Administración Central, para que estas sean asumidas por la Generalitat y, poco a poco, encontrarnos con un hecho consumado, que no es otro que no tenemos presencia en Cataluña como Estado y que todas las funciones han sido traspasadas a la Generalitat.
Si este es el plan, los ciudadanos españoles deberíamos de conocer que esto va a suceder, porque el día que haya pasado no habrá marcha atrás, Cataluña será un Estado independiente de España y el estado Español no podrá hacer absolutamente nada.
Yo no afirmo que esto sea verdad, pero me llama mucho la atención que en un solo año hayan disminuido el 7,6 % los efectivos presentes en Cataluña.
Señores políticos es su obligación exigir explicaciones al Gobierno para saber que se trae entre manos y si les engañan, como es lo habitual, casi prefiero que me mientan que saber que están preparando la «independencia» de Cataluña sin enterarme.
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