Viviendas de nueva construcción
Sánchez saca rédito electoral dos veces de los avales del ICO tras anunciarlos ya en la precampaña de las municipales
El Gobierno aprobará este martes la nueva línea para jóvenes, que el presidente avanzó hace nueve meses, en medio de una catarata de más de una docena de anuncios en materia de vivienda
En plena precampaña de las elecciones municipales y autonómicas, el pasado 7 de mayo, Pedro Sánchez anunció la creación de una línea de avales para ayudar a los jóvenes a comprar una vivienda. Y nueve meses después, el pasado sábado, en mitad de la campaña de las elecciones gallegas, el presidente volvió a sacar rédito de la misma promesa, al avanzar que la medida será aprobada finalmente este martes por el Consejo de Ministros.
Este tipo de ayudas, que buscan dar acceso al mercado inmobiliario a aquellos que no logran ahorrar el 20 por ciento necesario para comprar una casa, se conocen en el argot inmobiliario como help-to-buy. Ya existen en algunas comunidades autónomas, como Madrid, detalla Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios, donde se financia hasta el 95 por ciento de la compra.
La propuesta ha sido cuestionada por Podemos, antaño socio de Sánchez, que la ha llegado a calificar de ayuda encubierta a la banca. Salcedo, por su parte, considera que tendrá un impacto limitado, dada la cuantía que se presupuestará (2.500 millones de euros) y el perfil de los potenciales beneficiarios.
«El aval no es gratuito sino que devenga intereses, que hay que pagar, elevando por ejemplo una cuota hipotecaria de 700 a 950 euros. Esa persona puede ser solvente para pagar una hipoteca pero insolvente para desembolsar la cuota y el aval», detalla Salcedo a El Debate. Y es que, según explica el experto, una persona que carece del 20 por ciento de la entrada «va justita, y con cualquier vaivén puede entrar en la insolvencia. La mayoría de los que tienen posibilidad de usarla ni tienen la cuantía ni la capacidad de pago necesaria».
La nueva promesa se suma a la más de media docena de compromisos anunciados por el presidente del Gobierno y sus ministros desde 2018. El más relevante, el anuncio de sacar al mercado hasta 184.000 viviendas de alquiler social, a través de la Sareb o banco malo, del ente de suelo público Sepes y del resucitado Ministerio de Vivienda.
«Es un objetivo que puede ser inviable y que no va a beneficiar a los colectivos más necesitados», valoraba este lunes el Instituto de Estudios Económicos (IEE). La institución lo calificaba además de «inasumible» en términos de encaje presupuestario «si no se hace contando con la colaboración público-privada».
Sucesión de anuncios
La vivienda es una materia fetiche para Pedro Sánchez y sus ministros. Ya en julio de 2018, un mes después de la moción de censura que le llevó al Gobierno, el entonces ministro José Luis Ábalos se comprometió a incentivar la construcción de 20.000 viviendas para alquiler social durante los próximos «cuatro o seis años».
Solo en 2021 el Ejecutivo hizo cinco anuncios sobre vivienda. El primero, en febrero, para movilizar 5.000 viviendas «de inmediato» y otras 5.000 «a corto plazo», dentro de un paquete total de 26.000 viviendas de Sareb. Solo un mes después, en marzo, Ábalos incrementó a 100.000 el número de viviendas destinadas a alquileres sociales. Un anuncio que Sánchez retomó en octubre, detallando que de las 100.000 un tercio sería para alquileres jóvenes.
También 2023 fue un año intenso en materia de compromisos habitacionales, con tres anuncios solo en abril, el mes anterior a las elecciones.El día 15 Sánchez anunció la movilización de hasta 50.000 viviendas de Sareb para alquiler social y asequible. Pocos días después aseguró en el Congreso que el ICO financiará 43.000 nuevas viviendas públicas de alquiler. Una semana después prometía 20.000 viviendas nuevas en los terrenos del Ministerio de Defensa en Campamento (Madrid). Las obras de la misma acumulan ya 38 años de retrasos y no empezarán, al menos, hasta 2025, con las primeras entregas de viviendas previstas para finales de esta década.
Los avales que se aprobarán este martes están dirigidos a jóvenes de hasta 35 años y familias con menores a su cargo sin límite de edad, siempre que sus ingresos individuales sean inferiores a 37.800 euros brutos al año. La cuantía se elevará al doble si la vivienda es adquirida por dos personas. Para su materialización, sin embargo, el Ejecutivo necesitará contar con el respaldo de las entidades bancarias, en el marco de un contrato de aval a formalizar entre el ICO y las entidades.
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