Vivienda en alquiler en la ciudad de Madrid
Sánchez se la juega a la Generalitat con un tope nacional del alquiler que solo se aplicará en Cataluña
Vivienda asegura que Asturias y Navarra «han expresado» que les gustaría establecerlo, pero «no lo han verbalizado»
El Gobierno ha presentado este martes el índice de referencia de precios del alquiler, un método que, de momento, solo se aplicará en Cataluña ya que es la única región que ha pedido acogerse al tope incluido en la ley de vivienda.
La contumacia del Gobierno ante el problema del alquiler en España es portentosa. El sector lleva advirtiendo por activa y por pasiva que el meollo del asunto gira en torno a la falta de oferta, pero el Ejecutivo está empeñado en intervenir los precios a pesar de que se trata de una competencia autonómica. De hecho, el Constitucional ya ha recibido varios recursos en contra del texto, incluido del PNV
Con el Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda, el Gobierno ha puesto la guinda ya que se trata de un método que ofrece una horquilla de precios, a título orientativo, para fijar la renta de los nuevos contratos.
Este tope solo afectará a los grandes tenedores –titulares de más de cinco o diez viviendas según la comunidad– de las llamadas zonas de mercado residencial tensionado y de aquellos pequeños propietarios de inmuebles que no hayan estado arrendados en los últimos cinco años. Además, y a pesar de su naturaleza «técnica y científica», para la elaboración del nuevo índice se han utilizado datos de las declaraciones de la Renta del año 2022, con el correspondiente decalaje de dos años.
Pero el principal escollo al que se enfrenta su aplicación es que la declaración de zona tensionada depende de las comunidades y solo Cataluña ha anunciado su aplicación. El secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, ha asegurado que Asturias o Navarra «han expresado» que les gustaría establecerlo, pero «no lo han verbalizado ni lo han pedido explícitamente». De la Castilla-La Mancha de Emiliano García-Page, mejor ni hablamos.
«Que exista un rango de valor superior hará que todo el mundo se rija al rango superior y, por lo tanto, no bajarán los precios de los alquileres en las zonas tensionadas del territorio», señaló la consejera de Territorio de la Generalitat, Ester Capella. «Lamentamos la posición del Ministerio rompiendo un acuerdo, y con esta visión homogeneizadora del Estado solo con la salvedad del País Vasco y Navarra», añadió.
Sin embargo, fuentes del sector señalan que el rechazo de la Generalitat responde más a un cálculo político, ya que temen que el bajo porcentaje de grandes tenedores en la región deje la aplicación de la ley en papel mojado. Según un estudio de Fotocasa, solo el 0,3 % de los propietarios tienen cinco viviendas o más, porcentaje que en Cataluña asciende al 0,6 % tras triplicarse en apenas un año. El primer gran tenedor de Cataluña es la propia Generalitat, seguido por CaixaBank y el Ayuntamiento de Barcelona.
Desde la entrada en vigor de la ley de vivienda, más del 21 % de los propietarios se han pasado al alquiler turístico y el 13 % a la compraventa
Se trata, en cualquier caso, de porcentajes muy bajos para que tengan un efecto inmediato en el mercado del alquiler, por eso el sector ha advertido que es necesario aumentar la oferta para atajar el problema. La Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) recuerda que desde la entrada en vigor de la ley de vivienda, más del 21 % de los propietarios se han pasado al alquiler turístico y el 13 % hacia la compraventa, por lo que este índice profundizará en la huida de arrendadores.
Para Idealista, la única manera de darle la vuelta a la situación no es actuando en los precios «sino en la falta de oferta». «Dedicar tiempo y dinero a este índice es echar más gasolina al fuego y una falta de responsabilidad y sensibilidad con la desesperación de miles de familias que no encuentran casa en alquiler», señalan desde el portal inmobiliario.
Alquiler Seguro también aboga por aumentar la oferta y añade que este índice no solucionará el problema de fondo que supone la falta de viviendas en alquiler en las principales ciudades españolas.
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