¿Está la inmigración detrás del crecimiento de España? Lo que dijo Sánchez y lo que dicen los datos

El pasado septiembre, la inmigración era el principal problema para los españoles, según el CIS, con un porcentaje acumulado del 30,4 %. Esta cifra contrasta –y casi duplica– a la obtenida por el mismo organismo en su barómetro de julio, que situaba esta inquietud en cuarta posición. Sociólogos y expertos en Psicología apuntan que las conclusiones pueden variar en función del diseño del cuestionario –porque el orden de las preguntas sí altera el resultado–, a cómo están formuladas y el contexto. No obstante, ostente el puesto que ostente, este fenómeno se encuentra en el centro de debate de las Cortes. La preocupación por la inseguridad social se ha ideologizado e, incluso, es determinante en la elección de voto de muchos ciudadanos.

La derecha más radical –y también algunos moderados– ha usado la propaganda para matar los datos que avalan la creencia de que la inmigración es una necesidad para el buen funcionamiento de la economía. Algunos los tildan de criminales peligrosos –un enfoque para el que ha sido indispensable el papel de algunos medios de comunicación–, pero lo cierto es que ellos también consumen, pagan sus impuestos y, sobre todo, trabajan donde otros no queremos porque ¿somos demasiado españoles para ese tipo de vacantes? Más que «robar empleos», este colectivo llena vacíos laborales.

Quede por escrito, de antemano, que valorar la inmigración en términos económicos, en clave de su aportación a un PIB, es poco humanitario. Sin embargo, es una de las narrativas más determinantes en los discursos políticos de ambos bandos.

Prestaciones servicios sociales

Las cifras cuentan una historia u otra según quien las explique y quienes las interpreten. Muchos consideran que la aportación de la mano de obra extranjera en España explica casi la mitad del crecimiento económico desde la pandemia. Su presencia es indispensable en sectores como la hostelería, la construcción o la agricultura: uno de cada tres empleados, tanto en hostelería como en construcción, es inmigrante y, en la industria agrícola, representan la mitad de los trabajadores totales. El presidente Sánchez llegó a declarar que la participación de los inmigrantes en la economía española era superior a la de los nacionales, aunque no hay número que respalde tal afirmación.

En una de sus intervenciones, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, expuso que los 2,88 millones de extranjeros que trabajan en nuestro país suponen, aproximadamente, el 13,2 % de las personas afiliadas, aportando el 10 % de los ingresos de la Seguridad Social. Además, este grupo poblacional solo representarían el 1 % del gasto. Esto se entiende porque, al ser una población más joven, acuden menos al médico y consumen menos recursos públicos: una realidad, pero cortoplacista, porque no tiene en cuenta el devengo de la pensión que están generando.

Mecanismo de sostenibilidad demográfica

La visión más amable para con los inmigrantes también refuerza la idea del impacto positivo que este colectivo tendría al reto demográfico: los flujos migratorios serían esenciales para compensar el declive de la fuerza laboral nacional. En los próximos 25 años, a medida que la generación del baby boom abandone el mercado de trabajo, la actividad laboral y se jubile, serán necesarias personas que cubran esas vacantes y, en paralelo, sostengan el sistema de pensiones.

Esta fue una de las líneas argumentales para defender la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización extraordinaria de más de 500.000 personas extranjeras en España. La misma se encuentra, actualmente, en fase de enmiendas, pero ya ha contado con el apoyo previo de 310 diputados. Se habla de medio millón de personas que supondrían un incremento del 2,5 % del PIB y un crecimiento económico de más de 35 millones de euros.

¿Son los Países Bajos una rara avis?

Los porcentajes mencionados por Saiz, procedentes del Ministerio del Interior, contrarrestan con la realidad expuesta en el Informe El efecto fiscal a largo plazo de la inmigración en los Países Bajos, diferenciado por el motivo, la región de origen y la edad. Los investigadores neerlandeses dictaminan que la inmigración no reporta un balance positivo en el sostenimiento del sistema público. Sus conclusiones no señalan a la inmigración como motor de crecimiento, empleo y sostenibilidad económica, tal y como sostiene nuestro Ejecutivo. ¿Será por las diferencias entre el tejido empresarial industrial holandés y español?

De cara a analizar su aportación, el documento distingue entre inmigrantes occidentales, que sí serían contribuidores netos, y no occidentales –procedentes de los países más pobres que vienen pidiendo asilo, entre los que se incluye la región de América Latina–, que serían receptores netos en todos los grupos de edad. Se destaca que, además, los inmigrantes de segunda generación –los que alguno (o ambos) de sus progenitores es extranjero– tienen mejor desempeño, pero su aportación fiscal es aún inferior a la de la población nativa.

La diferencia entre ambos grupos radica en el nivel de formación antes y durante su estancia en los Países Bajos y, por ende, en la calidad del empleo al que tendrán acceso y los beneficios que obtendrán. Su cualificación es el factor determinante para clasificar a aquellos que aportan y a aquellos que se deben ¿apartar?

En base a estas cifras, el informe sugiere poner el foco en la brecha entre educación e ingresos, optimizando las políticas de integración; sobre todo, las relativas al ámbito laboral. Mientras tanto –y no muy lejos de esta filosofía–, nuestro país espera la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería para mejorar la integración de las personas migrantes a través de tres palancas: trabajo, formación y familia.